Con varios meses de retraso y con el ejercicio en curso, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al real decreto que regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 (PEV), aún con el rechazo de las comunidades autónomas del PP , que siguen defendiendo que el plan invade competencias autonómicas con medidas como el blindaje de por vida a la la vivienda pública que instala la nueva norma. «No permitiremos que se vuelva a especular con dinero público», ha reiterado tajante este martes la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial. Son 7.000 millones de euros los fondos que estarán disponibles para este nuevo lustro -el triple que en el plan anterior-, que estarán cofinanciados por el Estado (60%) y las comunidades autónomas (40%), un reparto por el que el Gobierno también ha chocado con las regiones del PP. El dinero estará destinado de manera desagregada a objetivos de construcción de vivienda pública (40%), rehabilitación (30%) y ayudas a jóvenes y familias vulnerables (30%). Hay más novedades. Según ha descrito Rodríguez, la norma introduce una cláusula antifraude para las adjudicaciones de casas de titularidad pública «para evitar escándalos como el sucedido recientemente en Alicante». Así las cosas, se estipula que todas las viviendas construidas o adquiridas con recursos procedentes del PEV «se tendrán que adjudicar con criterios objetivos, medibles, transparentes y trazables» y será el propio Ministerio quien ejerza «un doble control para garantizar que se han respetado esas condiciones», ha adelantado la ministra.Noticia relacionada general No No El Gobierno aprueba el nuevo Plan Estatal de Vivienda: las novedades para alquilar y comprar Virginia López EspláSiguiendo esa línea de dar «transparencia», el Gobierno pretende obligar a las comunidades autónomas a proporcionar al Ministerio de Vivienda la información de los contratos de arrendamiento en el registro de fianzas de su comunidad autónomas «para aportar transparencia al mercado inmobiliario y acabar con los discursos del miedo basados en bulos». Según Rodríguez, estos datos deben estar al servicio del «interés general» para que quien marque el dato en materia de vivienda «no sean portales privados con intereses privados» y por eso dicen querer disponer de una herramienta que les facilite «información en tiempo real sobre el número de alquileres en vigor, su precio, la rotación de personas inquilinas, y el incremento de la oferta de forma trazable y real».En este punto, fuentes del Ministerio de Vivienda, aseguran que si las autonomías no aplican la medida se les podrá recortar «parcial o totalmente», los fondos del Plan Estatal de Vivienda . De esta forma, el nuevo reglamento obligará a las comunidades a disponer de los datos de las fianzas del arrendamiento de manera semestral, para luego crear una estadística oficial con la incorporación de los datos al Observatorio de Vivienda y Suelo del departamento de Isabel Rodríguez.Las regiones, en todo caso, tendrán la opción de tumbar el Plan Estatal de Vivienda en la próxima Conferencia Sectorial que se celebrará el próximo mes de mayo. En esa reunión, los representantes del ramo de cada comunidad tendrán que votar a favor o en contra del reparto del dinero estipulado, con Andalucía (1.197 millones), Madrid (1.113) y Cataluña (1.015) como los más beneficiados por razones demográficas.Las comunidades se oponen a la cofinanciación, pero para que no llegue la sangre al río, el Ministerio de Vivienda tratará de aplacarlas con el aplazamiento de la disposición de su parte de los fondos para este año. Pero no habrá condonación alguna. En este sentido, lo que propone el departamento en manos del ala socialista del Gobierno es que las regiones puedan prorratear en los siguientes cuatro años la parte correspondiente al ejercicio 2026, según comentan fuentes de Vivienda . Hasta 100.000 euros por casaEn lo que tiene que ver con promoción de vivienda pública, el PEV propone financiar la construcción de vivienda pública o en régimen de colaboración público-privada con hasta 85.000 euros por piso, pero esta será ampliable en 8.500 euros más cuando en la construcción del inmueble se empleen técnicas de industrialización y en otros 8.500 adicionales cuando se construya en un área declarada como zona de mercado residencial tensionado, por lo que la ayuda final podría sobrepasar los 100.000 euros.La otra novedad es que también se podrá adquirir casas en el mercado libre con los fondos del PEV, de forma que las comunidades autónomas podrán ejercer su derecho a tanteo y retracto, o adquirir vivienda de forma directa, financiando con ese dinero público el 70% de la operación. Ese porcentaje podrá ascender al 85% cuando el inmueble esté en zona tensionada, aunque con la condición de que el inmueble sea puesto en el mercado del alquiler con una renta máxima de 800 euros mensuales.Otras medidas que incluye la hoja de ruta del Gobierno en vivienda son ayudas de hasta 20.000 euros para la reforma estructural de edificios; de hasta 30.000 euros para rehabilitar pisos en cascos históricos y para movilizar viviendas vacías; o ayudas al alquiler para jóvenes de hasta 300 euros al mes. También para este colectivo existirán subvenciones de hasta 15.000 euros para que compren o construyan su primera casa en municipios de hasta 10.000 habitantes. Rodríguez ha defendido que el plan fraguado por su ministerio nace de la demanda ciudadana «para dar respuesta al principal problema que hoy sufre», además de que se trata de un proyecto forjado «con las aportaciones del sector», que ha cifrado en 400. «Es la primera vez que este plan ha sido estudiado por el Consejo de Estado», también ha añadido la ministra para defender la seguridad jurídica del texto.Además, la exalcaldesa de Puertollano ha adelantado que será el Consejo Asesor de Vivienda quien analizará el cumplimiento efectivo del plan cada año y tendrá potestad para formular observaciones y recomendaciones -de carácter no vinculante- orientadas a mejorar directamente su eficacia. «Este plan es un paso importante en esta solución del problema de la vivienda para evitar que sea una crisis permanente», ha subrayado Rodríguez al principio de su intervención.Rechazo de las comunidadesCon todo, el texto llega con la oposición en firme de todas las regiones gobernadas por el PP, y en especial de la Comunidad de Madrid, que hoy ha vuelto a denunciar que el Ministerio de Vivienda ha llevado a cabo el plan «a espaldas de las comunidades autónomas», según ha dicho este martes el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, que insiste también en que la hoja de ruta estatal «impone medidas anticonstitucionales» e «invade competencias autonómicas».También desde el sector residencial se pone en duda el plan. «El volumen de recursos previsto representa un avance, pero sigue claramente por debajo de lo que exige la dimensión del problema. España mantiene un déficit estructural de vivienda que requiere un esfuerzo inversor sostenido y significativamente mayor para converger con los niveles europeos. Sin un refuerzo claro de la financiación, el impacto del Plan será necesariamente limitado», han defendido desde Asval, el 'lobby' de propietarios con vivienda en alquiler.