El problema de la vivienda se agudiza en España y los políticos son cada vez más conscientes de ello. El problema es que las soluciones que plantean los distintos partidos son tan dispares que son incapaces de ponerse de acuerdo.
Esta semana hemos visto cómo ... el pleno del Congreso tumbó el decreto aprobado hace un mes en Consejo de Ministros que obligaba a la prórroga forzosa de al menos un año de los contratos que cumplían hasta el próximo 31 de diciembre. Un decreto que ha provocado una enorme inseguridad jurídica ya que, por un lado, se apuraron los plazos para que estuviera en vigor al menos un mes, durante el que desde la parte de Sumar del Gobierno, promotora del mismo, se instó a los inquilinos a enviar burofaxes a los propietarios para exigir la prórroga. Está claro que a quien le haya vencido durante el periodo en el que ha estado en vigor el decreto, tienen derecho a esa prórroga automática, pero las dudas surgen con los contratos que vencen a partir de ahora y hasta finales de año, y cuyos propietarios también han recibido esos burofaxes. En esos casos los juristas no se ponen de acuerdo sobre si se debe hacer o no esa prórroga automática, lo que anticipa un calvario judicial en el que, lógicamente, no se a a meter un pequeño propietario, pero quizás sí, los grandes.
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