La sociedad está cambiando a una velocidad de vértigo. En apenas unos años, la demanda global de computación ha crecido hasta niveles impensables hace una década. Todo —la industria, la ciencia, la salud, la banca, la movilidad, el comercio o la propia gestión pública— depende ya de un volumen de datos que se multiplica sin descanso. Comprender qué está ocurriendo es, por tanto, comprender una parte esencial del mundo que viene, donde los centros de procesamiento de datos (CPD) van a jugar un papel crítico. No hablamos de una tecnología más, sino de la infraestructura que sostiene el funcionamiento real de nuestras economías y de nuestro bienestar.

El crecimiento internacional del sector lo demuestra con claridad. En 2024, los CPD consumían más de 400 TWh de electricidad a nivel global; para 2030, la Agencia Internacional de la Energía estima que esa cifra se acercará a los 1.000 TWh. Es un salto de magnitud comparable al que en su día supusieron las primeras grandes redes eléctricas o los despliegues ferroviarios, pero con una diferencia fundamental, ocurre a escala global y en un periodo de tiempo muy corto. Estados Unidos y China concentrarán la mayor parte del incremento, pero Europa también está viviendo su propia transformación. La capacidad europea de CPD podría triplicarse hacia 2030, superando los 35 GW de potencia instalada y acercándose a un 5% del consumo eléctrico total del continente.

España afronta esta nueva etapa con una posición de privilegio que pocas veces hemos tenido en procesos tecnológicos de esta magnitud. Nuestra conectividad internacional, gracias a los cables submarinos que nos conectan con América, África y Europa, nos sitúa en un punto geográfico estratégico. Nuestra capacidad de generación de energía baja en carbono —y los precios competitivos asociados— ofrece una ventaja real para un sector que busca electricidad abundante, estable y cada vez más limpia. Disponemos además de suelo competitivo, sueldos competitivos y un ecosistema formativo envidiable.

Las previsiones de inversión acompañan este diagnóstico. España podría atraer más de 20.000 millones de euros en CPD de aquí a 2030, con un impacto que superaría los 50.000 millones en nuestra economía y decenas de miles de empleos directos e indirectos. Son señales claras de que estamos ante una transformación estructural que reconfigura tanto la economía digital como la planificación energética tradicional.

La energía, sin embargo, es uno de los grandes riesgos para el sector. En España, demasiados nudos eléctricos aparecen saturados o sin capacidad para nuevas conexiones. Esto no ocurre por falta de recursos, sino por retrasos y decisiones estatales que no han incorporado con realismo el crecimiento del consumo digital. No se puede hablar de ambición tecnológica mientras la planificación eléctrica camina con años de retraso respecto a la realidad del mercado. Y tampoco se puede cerrar capacidad firme, como nuestras centrales nucleares, sin asegurar alternativas realistas. Esta falta de visión está generando fricciones que ponen en riesgo la atracción de inversión en el sector y sirven de coartada para que desde Moncloa se persiga esta tecnología con criterios ambientales poco razonables.

La Comunidad de Madrid está liderando la transformación digital en nuestro país. Contamos con la mayoría de la potencia instalada de CPD y una ambiciosa cartera de proyectos que serán realidad en los próximos años, pero el esfuerzo que estamos llevando a cabo se enmarca en un proyecto nacional. La transformación digital de España no necesita territorios compitiendo entre sí, sino regiones que aporten su experiencia y capacidad real. El objetivo es que todos podamos aprovechar esta oportunidad histórica, que ningún territorio se quede fuera porque la red no llega, las tramitaciones no avanzan o porque la planificación energética no se hizo correctamente.

La industria de los CPD, además, será un enorme generador de empleo cualificado. El sector ha crecido un 60% a escala global en apenas seis años. Se necesitan ingenieros, especialistas en refrigeración, técnicos de sistemas, profesionales de ciberseguridad, operadores de infraestructura o expertos en redes. Y también perfiles de formación profesional altamente demandados. España tiene la posibilidad de convertir esta necesidad en un motor de empleo estable y de calidad si adapta su oferta formativa al ritmo tecnológico real.

Estamos, en definitiva, ante un cambio de era. No es frecuente que un país tenga, al mismo tiempo, conectividad internacional privilegiada, energía competitiva, factores macroeconómicos relevantes, posición estratégica y un ciclo tecnológico global que juega a su favor. Tenemos condiciones para liderar, no para seguir. Pero esta ventana no permanecerá abierta eternamente. Requiere ambición, coordinación y una planificación nacional seria, que hoy echamos en falta.

Si lo hacemos bien, los CPD serán la base sobre la que construiremos una economía más innovadora, servicios públicos más ágiles, una industria más competitiva y más libertad para los ciudadanos. Ese es el rumbo que debemos tomar, convirtiendo una oportunidad tecnológica en una oportunidad de país que beneficie a todos.