España afronta el próximo 29 de junio una fecha clave en su pulso con Europa sobre la elevada temporalidad en las Administraciones Públicas. El plazo concedido para corregir el abuso de la contratación temporal expira sin que el Gobierno haya logrado reducir de forma significativa una tasa que afecta todavía a cerca de un millón de empleados públicos y que se sitúa muy por encima de los compromisos adquiridos con la Unión Europea.
Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), las Administraciones Públicas cuentan con 999.738 trabajadores temporales sobre una plantilla total de 3,1 millones de empleados, lo que equivale a una tasa de temporalidad del 32,2%. La cifra cuadruplica el objetivo del 8% que España se comprometió a alcanzar dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para acceder a los fondos europeos.
La situación se produce después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) volviera a cuestionar la eficacia de las medidas adoptadas por el Ejecutivo para combatir el abuso de la temporalidad en el empleo público. En una sentencia conocida el pasado mes de mayo, el tribunal europeo consideró insuficientes los mecanismos aprobados por el Estado para sancionar el encadenamiento de contratos temporales y proteger a los trabajadores afectados.
A juicio del despacho Araúz de Robles, que representa a miles de empleados públicos temporales, el vencimiento del plazo europeo llega sin que se haya dado una respuesta efectiva a un problema estructural que afecta desde hace décadas a la Administración española.
La firma sostiene que los procesos de estabilización impulsados en los últimos años han permitido consolidar plazas, pero no necesariamente a las personas que venían ocupándolas, lo que habría provocado miles de ceses entre trabajadores que acumulaban largos periodos de servicio en ámbitos esenciales como la sanidad, la educación o la administración general.
Las estimaciones manejadas por el despacho, elaboradas a partir de datos oficiales y sindicales, apuntan a que entre 67.000 y 90.000 empleados temporales podrían haber perdido su puesto como consecuencia de los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, sin contabilizar los ceses procedentes de convocatorias anteriores. El Gobierno, sin embargo, no dispone de un registro oficial que permita cuantificar con exactitud el número de afectados.
Tras la sentencia de Luxemburgo, el Tribunal Supremo ha delimitado los supuestos en los que los interinos pueden aspirar a una indemnización o a medidas de estabilidad, las organizaciones que representan a estos trabajadores reclaman una reforma legislativa que permita sancionar de forma efectiva el abuso de la temporalidad y garantizar la protección de quienes han ocupado durante años puestos estructurales dentro de la Administración.
Más allá de las consecuencias laborales, el incumplimiento también tiene una dimensión económica. Diversas fuentes jurídicas advierten de que la falta de avances podría comprometer más de 625 millones de euros vinculados al cumplimiento de los hitos pactados con Bruselas dentro del mecanismo europeo de recuperación. Además, si la Comisión considera insuficientes las medidas adoptadas por España, podría volver a llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En este sentido, Araúz de Robles sostiene que la solución debe pasar por transformar en fijos a los empleados públicos víctimas de abuso y dotar de estabilidad a quienes han demostrado capacidad e idoneidad durante años para el desempeño de sus funciones.
"Acabar con esta lacra no es una opción política, sino una obligación jurídica, social, moral y democrática", señala Javier Araúz, de Araúz de Robles.
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