¿Es posible borrar a la sociedad civil de la faz de la red? Un nuevo y revelador informe técnico demuestra que, entre ciberataques masivos y apagones digitales de Estado, los defensores de los derechos humanos y los periodistas libran una batalla diaria por su supervivencia en línea.
Cloudflare ha publicado de forma oficial el informe anual de su iniciativa social Proyecto Galileo, un programa que desde 2014 ofrece blindaje de seguridad gratuito a colectivos vulnerables y con recursos limitados ante ciberataques devastadores. Bajo el título "El panorama de amenazas para la sociedad civil: Perspectivas del Proyecto Galileo", este análisis evalúa las tendencias de tráfico malicioso registradas entre el 1 de febrero de 2025 y el 31 de enero de 2026. Los resultados que exponen son concluyentes y ciertamente preocupantes: activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos trabajan hoy en un ecosistema digital hostil, acorralados por el acoso de los atacantes y la censura de conectividad impuesta por los estados.
A nivel global, la iniciativa protege actualmente a más de 3.400 propiedades de Internet en 130 países, trabajando codo con codo junto a 59 socios civiles. Durante los doce meses analizados, la red de Cloudflare tuvo que mitigar la cifra de 38.500 millones de solicitudes de tráfico malicioso dirigidas contra los participantes del proyecto; esto se traduce en un desgaste diario insostenible para cualquier organización, con un promedio de 105,47 millones de agresiones bloqueadas cada día. Por tanto, los datos demuestran que las agresiones atraviesan a todos los sectores civiles, afectando a entidades de bienestar social (38%), derechos humanos (33%), periodismo (22%) y medioambiente (7%).
En primer lugar, los datos confirman que el método predilecto para silenciar e inhabilitar la presencia en línea de estas organizaciones sigue siendo el ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS). De hecho, esta modalidad representó de forma abrumadora el 81,6% de todas las solicitudes de tráfico malicioso detectadas. Esto supone un promedio de 86,11 millones de bloqueos DDoS diarios, un bombardeo digital automatizado diseñado para tumbar servidores y cortar el acceso del público a información vital.
Consecuentemente, el informe demuestra que las organizaciones categorizadas bajo la rúbrica de 'Derechos Humanos' fueron las que sufrieron el mayor volumen de golpes por DDoS, acumulando 13.990 millones de solicitudes mitigadas. A continuación se situaron los grupos medioambientales (8.710 millones), el sector periodístico (7.770 millones) y el bienestar social (954,5 millones).
Así, se exponen dos casos reales sucedidos en el periodo de tiempo analizado. Primero, el caso del Refugee Council. En abril de 2025, esta organización británica de apoyo a refugiados sufrió una ofensiva tácticamente compleja de patrón "bajo y lento" (low-and-slow). El ataque se prolongó durante 7 días y 15 horas, sumando 261,3 millones de solicitudes maliciosas fragmentadas en 14 bloques diferenciados de actividad para intentar burlar las defensas.
Después, el caso de Médicos Sin Fronteras en Alemania. El 5 de junio de 2025, su web fue blanco de un ataque DDoS de alta intensidad mediante la táctica de "ráfaga" (burst). En apenas 1 hora y 41 minutos, su infraestructura fue inundada con 268,1 millones de solicitudes espurias, alcanzando picos brutales de 128.333 solicitudes por segundo (rps).
Por otra parte, mientras los ataques DDoS buscan colapsar los portales por saturación, los ciberdelincuentes ejecutan paralelamente estrategias más quirúrgicas, buscando debilidades en el código de las páginas web para secuestrar sistemas, alterar contenidos o robar datos confidenciales como listas de donantes o personal. En este ámbito, el Cortafuegos de Aplicaciones Web (WAF) de Cloudflare bloqueó 7.000 millones de solicitudes de explotación de vulnerabilidades.
Es aquí donde se observa un ensañamiento directo contra la libertad de prensa. Los medios de comunicación y organizaciones periodísticas concentraron 2.850 millones de estas solicitudes (el 40,5% del total), una cifra desproporcionada si se tiene en cuenta que este sector solo representa el 22,7% de los dominios protegidos por el programa.
Además, el informe advierte que estos ataques web suelen solaparse con las campañas DDoS para enmascarar el rastreo de fallos. Esto se evidenció en noviembre de 2025 con la web del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que sufrió un repunte de 3,34 millones de solicitudes mitigadas por su cortafuegos en un lapso de 7 días, coincidiendo directamente con la celebración de la Conferencia sobre el Cambio Climático en Belém, Brasil, y proviniendo el 97% de las incursiones de actividades de bots.
Asimismo, el correo electrónico se mantiene como una vía crítica de peligro a través de campañas destinadas al robo de credenciales o la vigilancia remota. Cloudflare procesó 29,1 millones de correos dirigidos a 73 participantes del Proyecto Galileo que utilizan su herramienta Email Security. De ese volumen, el 9% (2,7 millones de mensajes) se clasificó como amenazas, y el 57% de ellas se enviaron empleando dominios web recién registrados para evadir los sistemas de detección.
No obstante, el dato más alarmante surge al analizar el subconjunto de 1,2 millones de correos electrónicos catalogados como altamente maliciosos: el 30,2% de estos mensajes logró eludir con éxito tres métodos de autenticación más habituales de la industria (SPF, DKIM y DMARC).
En la práctica, casi 1 de cada 3 correos maliciosos presentaba una configuración técnica "perfecta" ante los servidores. Esto significa que las defensas tradicionales ya no son una garantía suficiente, obligando a las organizaciones a detectar los engaños mediante análisis de comportamiento, dado que los atacantes imitan a la perfección marcas de confianza (como Apple, Docusign o Datadog) o suplantan identidades para instalar malware de vigilancia, tal como documentó Citizen Lab en una campaña contra el Congreso Mundial Uigur.
Por último, el informe pone de manifiesto que las amenazas no nacen exclusivamente de actores ocultos en la red. En un giro trágico, los propios gobiernos recurren cada vez más a la interrupción deliberada de la conectividad general para aislar a la población. A través de Cloudflare Radar, la entidad identificó y confirmó 85 cortes de Internet dirigidos por administraciones públicas.
Para dimensionar la gravedad de este dato, estos bloqueos representan el 46% de todas las interrupciones de conectividad detectadas globalmente en la red de Cloudflare (la cual constató 183 incidentes totales, sumando accidentes técnicos, fallos eléctricos o cortes de cables). Estas restricciones gubernamentales se aplicaron de forma estratégica durante procesos electorales, protestas ciudadanas y periodos de exámenes estudiantiles.
Un claro ejemplo fue Uganda en enero de 2025, ya que a sólo dos días de las elecciones generales, la Comisión de Comunicaciones ordenó restringir el acceso a Internet. Cloudflare Radar detectó una caída fulminante del 95% del tráfico web en apenas 30 minutos tras entrar en vigor la orden. Por otro lado, en Irán las autoridades ejecutaron un bloqueo radical. El 8 de enero, el tráfico del país cayó un 90% en media hora y se redujo prácticamente a cero en los minutos siguientes, cortando la conexión con el Internet global.
Finalmente, los datos presentados por Cloudflare en este informe reflejan una realidad incontestable: para las organizaciones de la sociedad civil, la ciberseguridad ya no es un problema técnico secundario, sino un factor crítico de supervivencia. Los ataques masivos diarios (105,47 millones de media) multiplican la presión que ya sufren estos colectivos, muchos de los cuales arrastran severos recortes de financiación y personal.
La preocupante efectividad de los correos maliciosos "técnicamente perfectos" (30,2% de éxito en evadir filtros habituales) combinada con la impunidad de los apagones digitales estatales (46% del total de cortes globales) demuestra que los agresores han sofisticado e integrado sus herramientas de censura. Frente a esta pinza digital, el Proyecto Galileo se ratifica como un salvavidas indispensable para garantizar que quienes defienden los derechos humanos, la ecología y la información independiente no sean borrados de la red.
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