Vuelven las movilizaciones de los empleados públicos. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha confirmado en rueda de prensa que estas comenzarán el 11 de Junio frente al Ministerio de Hacienda del Gobierno de España, debido a la parálisis en la negociación del V Convenio Único del personal laboral de la Administración General del Estado y contra el bloqueo del derecho a la jubilación parcial.
El sindicato más representativo en las administraciones públicas, consiera que el departamento que dirige Arcadi España es responsable, junto a Función Pública, de acordar la financiación de cuestiones fundamentales, y actualmente pausadas, como la carrera profesional, la promoción interna, la equiparación salarial con las administraciones autonómicas, o el decreto que regulará la jubilación parcial.
Apuntan a la "inacción de la Administración" así como "la ausencia de voluntad" como las razones que mantienen bloqueada una negociación que en palabras del sindicato "resulta imprescindible" para mejorar las condiciones laborales y retributivas de personal laboral. Un colectivo de unos 38.000 epleados "que en algunos casos tienen retribuciones cercanas al salario mínimo interprofesional".
Entre sus principales exigencias figura la aprobación inmediata del decreto pendiente sobre la jubilación parcial anticipada. CSIF recuerda que este derecho quedó bloqueado tras la última reforma de pensiones y propone, mientras tanto, permitir contrataciones temporales de relevistas hasta que las plazas se cubran por las correspondientes ofertas de empleo público. El sindicato también plantea extender esta modalidad al personal funcionario y estatutario.
Además, la central reclama una carrera profesional efectiva, con criterios objetivos y negociados, y denuncia la brecha retributiva con las administraciones autonómicas. Según sus datos, el personal laboral de la AGE cobra de media 7.380 euros menos al año que empleados de otras administraciones por el mismo puesto.
El sindicato enmarca esta reivindicación también en la necesidad de garantizar el relevo generacional. A su juicio, la jubilación parcial facilitaría la salida ordenada de las plantillas y abriría oportunidades de empleo nuevo, al tiempo que mejoraría las condiciones de final de carrera de los actuales trabajadores.
Otra de las reclamaciones tiene que ver con el V Convenio Único, que permanece prácticamente estancado desde hace más de años y medio. A su juicio, la inestabilidad política y la ausencia de presupuestos no pueden seguir usándose como excusa para aplazar decisiones que afectan al día a día del personal laboral.
En este contexto, CSIF recuerda que las ofertas de empleo público vinculadas al personal laboral del cuarto convenio llevan sin convocarse desde 2023. Atendiendo a sus cálculos, existen 11.020 plazas aprobadas que todavía no han sido ofertadas para su cobertura.
El sindicato advierte de que no va a permitir que el convenio siga bloqueado y llama a la participación en las movilizaciones convocadas. "Es el momento de actuar", resume la organización, que considera que la situación del personal laboral de la Administración General del Estado ha llegado a un punto crítico.
La organización asegura que seguirá movilizándose "hasta que se escuche" a la plantilla y hasta que la negociación colectiva se retome de forma efectiva.
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