Desde la investigación sabemos que las prohibiciones estrictas o las restricciones excesivas en el uso de redes sociales a nuestros adolescentes y jóvenes no suelen ser eficaces y, en algunos casos, pueden incluso resultar contraproducentes. Este tipo de medidas puede generar sentimientos de aislamiento, favorecer actitudes de oposición a la autoridad y dificultar el desarrollo de una adecuada alfabetización digital, al privar a los jóvenes de un entorno que, para ellos, tiene un valor relacional importante, sin ofrecer alternativas significativas.

Por ello, más que centrarnos únicamente en limitar, el reto está en educar en un uso saludable de las redes y en una navegación segura en el entorno digital. Esto implica acompañar a los jóvenes en el desarrollo de habilidades de regulación emocional y autorregulación, ayudándoles a discernir qué contenidos y tipos de interacciones favorecen su bienestar y cuáles pueden resultar perjudiciales.

También es importante fomentar entre los más jóvenes la capacidad de reinterpretar lo que ocurre en redes: por ejemplo, entender que la propia autoestima no puede depender de la validación online o aprender a diferenciar entre vínculos auténticos y formas de aprobación más superficiales. Del mismo modo, resulta fundamental que desarrollen estrategias para gestionar sus respuestas ante comentarios, mensajes o situaciones que puedan resultar incómodas o desafiantes.

En conjunto, el objetivo no es apartar a los jóvenes del entorno digital, sino dotarles de herramientas para habitarlo de manera consciente, autónoma y saludable, aprovechando sus beneficios y reduciendo sus riesgos. El verdadero reto como sociedad es educar en un uso crítico y responsable del entorno digital, acompañando a los menores en el desarrollo de habilidades que les permitan desenvolverse en él con criterio propio y sin quedar atrapados en sus dinámicas más problemáticas.

Como psicóloga, me resulta complejo valorar en profundidad las implicaciones jurídicas de este tipo de sentencias, más allá de la posible jurisprudencia que puedan generar.

No obstante, sí cabe pensar que decisiones de este tipo podrían tener un impacto relevante en el funcionamiento de las grandes plataformas digitales. Empresas como Meta, propietaria de Instagram (una de las redes sociales más utilizadas en nuestro país), o Google, propietaria de YouTube, podrían verse obligadas a revisar ciertos aspectos del diseño y la presentación de sus contenidos. En particular, algunos de estos formatos están pensados para maximizar el tiempo de uso y la interacción, lo que puede favorecer dinámicas de consumo intensivo. Si la justicia empieza a cuestionar estos modelos, podríamos avanzar hacia entornos digitales más responsables, especialmente en la protección de adolescentes y jóvenes, que son los más vulnerables a estas dinámicas.

Esta sentencia es especialmente relevante porque contribuye a dar visibilidad a un problema que está adquiriendo una creciente dimensión de salud pública a nivel global. Y, sin embargo, a pesar de la amplia evidencia acumulada en la literatura científica, sigue siendo un fenómeno que no siempre cuenta con un pleno reconocimiento social. La investigación ha mostrado que el uso problemático de redes sociales comparte varios de los componentes característicos de las adicciones a sustancias. Entre ellos, la prominencia, cuando el uso de redes se convierte en la actividad central en la vida de la persona; la tolerancia, que implica la necesidad de aumentar progresivamente el tiempo de uso; la abstinencia, que se manifiesta en forma de malestar psicológico (como irritabilidad, inquietud o ansiedad) cuando no se puede acceder; y la recaída, es decir, la tendencia a retomar los niveles previos de consumo tras haber intentado reducirlo o abandonarlo.

Sin embargo, a pesar de estas similitudes, las principales clasificaciones diagnósticas en salud mental, como el DSM-5R (American Psychological Association) o la CIE-11 de la Organización Mundial de la Salud, no reconocen de forma específica la adicción a redes sociales como un trastorno independiente. Por este motivo, en el ámbito clínico y académico se prefiere hablar de uso problemático o patológico, un término que permite describir el fenómeno con cautela, sin utilizar esta etiqueta diagnóstica, pero sin restar importancia a sus posibles consecuencias.

No creo que las redes sociales sean, en sí mismas, perjudiciales para los menores. Son una herramienta y, como tal, su impacto depende en gran medida del uso que se haga de ellas. Por eso, es fundamental que el acceso en edades tempranas se realice de forma progresiva, acompañada y bajo la supervisión de un adulto. No se trata solo de permitir o limitar, sino de educar en un uso responsable del entorno digital, ayudando a los menores a desarrollar criterios propios y una relación más consciente con las redes.
Además, no podemos perder de vista que el entorno digital forma parte del presente y, sobre todo, del futuro en el que los jóvenes se van a desarrollar a nivel social, académico y profesional. Privarles completamente de estas interacciones no solo es poco realista, sino que puede limitar el desarrollo de competencias clave para su vida adulta.

El foco, por tanto, no debería ponerse únicamente en el tiempo de uso, sino en la calidad de ese uso: qué contenidos consumen, cómo interactúan, qué papel ocupan las redes en su vida y qué impacto tienen en su bienestar emocional. No es lo mismo un uso pasivo, centrado en la comparación o en la búsqueda constante de validación, que un uso más activo, creativo o relacional.

En esta línea, nuestras investigaciones en la UFV muestran que la cantidad de tiempo de uso, por sí sola, no se asocia de forma directa con un uso problemático o adictivo de las redes. Esto refuerza la idea de que no basta con medir cuánto tiempo pasan los jóvenes conectados, sino que es imprescindible comprender cómo y para qué utilizan estas plataformas.