La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) afirma en su segundo estudio sobre la regla de gasto de pensiones donde ratifica la regla de gasto. Si bien, matiza, que "el cumplimiento de la regla es compatible con una trayectoria ascendente de la deuda".
La AIReF constata que el gasto neto en pensiones se sitúa en el 13,0% del PIB en promedio entre 2022 y 2050, por debajo del umbral del 13,3% fijado en la normativa vigente. La regla, establecida en la segunda reforma de pensiones de 2023, obliga a que el gasto bruto en prestaciones, una vez descontado el impacto de las medidas de ingresos aprobadas desde 2020, no supere ese umbral. El organismo que dirige ahora Inés Olóndriz concluye que, con los datos más recientes, el límite no se supera.
Este resultado supone una mejora de casi dos décimas respecto al pronunciamiento anterior, que se explica por una mayor estimación del impacto de las medidas de ingresos para fortalecer el sistema. En concreto, el gasto bruto público en pensiones se mantiene en el 14,6% del PIB en promedio del periodo 2022-2050, mientras que las medidas de ingresos se revisan al alza y se sitúan en el 1,6% del PIB en promedio entre 2022 y 2050.
Ahora bien, esto es totalmente "compatible" con una trayectoria ascendente de la deuda, "que alcanzaría el 123% del PIB en 2050 en un escenario a políticas constantes".
El informe elabora además una proyección con implicaciones a largo plazo para los futuros pensionistas. La AIReF estima que la tasa de generosidad del sistema contributivo de pensiones, entendida como la relación entre la pensión media y el salario medio de los trabajadores, caerá del 68,4% en 2025 al 60,2% en 2050. Una pérdida de más de ocho puntos porcentuales en apenas un cuarto de siglo.
El punto máximo se alcanzará en 2030, cuando el indicador llegará al 70,5%.
El mecanismo que explica este deterioro es relativamente sencillo, pero sus consecuencias son profundas. Las pensiones se revalorizan cada año con el IPC del ejercicio anterior, según establece la normativa vigente. Los salarios, en cambio, evolucionan con la productividad y el deflactor del PIB.
A partir de 2031, según las proyecciones del organismo supervisor, los sueldos comenzarán a crecer de forma sostenida a un ritmo superior al de la inflación, mientras que las pensiones seguirán ancladas al IPC. El resultado es una brecha que se abre gradualmente y no se cierra en ningún punto del horizonte de proyección.
Dicho de otro modo, el sistema puede ser capaz de pagar más pensiones (el número de perceptores pasará de 11,6 millones en 2025 a 17,4 millones en 2050) y gastar más en términos absolutos e incluso como porcentaje del PIB, y aun así ofrecer a cada jubilado una prestación que representa una fracción decreciente de lo que ganan quienes siguen trabajando.
Para entender por qué este indicador es relevante, conviene distinguirlo de la tasa de reemplazo, que compara la pensión inicial de un jubilado con su último salario. La tasa de generosidad opera de forma más agregada, pues mide cuánto representa la pensión media del conjunto del sistema respecto al salario medio de todos los ocupados. Es, en cierta forma, un termómetro de la posición económica relativa de los jubilados frente a los trabajadores activos.
Una caída sostenida de este indicador tiene varias implicaciones prácticas. En primera instancia, supone que los pensionistas irán perdiendo poder adquisitivo relativo respecto a la población activa.
A este respecto, la reforma de 2021-2023 apostó precisamente por garantizar el poder adquisitivo de las pensiones frente a la inflación, una mejora importante respecto al factor de sostenibilidad que estuvo vigente brevemente. Pero ese anclaje al IPC, cuando la productividad empieza a despegar, puede acabar generando el efecto contrario al buscado. Pensiones que no pierden valor frente a los precios, pero sí frente a los salarios.
El informe proyecta que el gasto total en pensiones aumentará del 13% del PIB en 2025 al 16,4% en 2050, impulsado fundamentalmente por el envejecimiento demográfico.
La tasa de dependencia de mayores —definida como la proporción de personas de más de 75 años sobre la población en edad de trabajar— casi se duplicará en ese periodo. El número de pensionistas crecerá de forma continuada en el caso de las pensiones contributivas de la Seguridad Social, mientras que las de clases pasivas del Estado iniciarán un descenso a partir de 2040 al tratarse de un régimen en extinción.
El ritmo de crecimiento del gasto en pensiones superará el 4% anual hasta 2045, impulsado por la revalorización ligada al IPC, el aumento del número de perceptores, y el llamado efecto sustitución, que refleja el hecho de que los nuevos jubilados tienden a cobrar pensiones iniciales más altas que las de quienes causan baja en el sistema.
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