La decisión del Gobierno de España de no autorizar a Estados Unidos usar las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) para llevar a cabo ataques contra Irán, no ha tardado en tener consecuencias para España. El presidente de EEUU, Donald Trump, ha dado la orden este martes de cortar todos los acuerdos comerciales con España y, han surgido voces que hablan de expulsar a España de la OTAN.
Uno de los columnistas de referencia de Trump, Marc Thiessen, que escribe en el Washington Post, ha propuesto echar a España de la Alianza Atlántica. Horas después, Trump ha cargado contra el Gobierno de España y lo ha tachado de ser "un socio terrible". No es la primera vez que el líder estadounidense ha lanzado duras acusaciones contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, principalmente por su negativa de aumentar el gasto en Defensa al 5% del PIB, una de las exigencias que Trump hizo a sus socios de la OTAN.
Además, el pasado octubre, el presidente de EEUU, en presencia de su homólogo finlandés, Alexander Stubb, ya sugirió que nuestro país debería ser expulsado de la Alianza Atlántica por su limitado gasto militar. Este martes, ha dado un paso más allá y ha tachado de "poco amistosa" la postura de España de no permitir usar las bases en suelo nacional "No tiene un gran liderazgo, es el único aliado de la OTAN que no acordó llegar al 5% y de hecho no pagan ni siquiera el 2%. Vamos a cortar todo el comercio".
En principio, se podría entender que no, pero la verdad es que hay un vacío al respecto, lo que podría derivar en una decisión unilateral de EEUU bajo amenaza de expulsar a otros socios de la Alianza que se opongan.
La carta fundacional de la Alianza Atlántica no contempla ningún procedimiento legal para expulsar a un país miembro. El Tratado de Washington de 1949 no incluye artículos sobre la expulsión de los miembros fundacionales ni de los que se han incorporado posteriormente.
La única forma de abandonar la OTAN es de manera voluntaria, a través de una notificación formal al Gobierno de Estados Unidos, que actúa como depositario del tratado, según recoge el documento en su artículo 13.
Para la salida voluntaria es indispensable que hayan pasado al menos 20 años desde la adhesión -algo que España cumple- y un plazo de 12 meses desde la notificación hasta que la salida sea efectiva.
"Pasados veinte años de vigencia del Tratado, cualquiera de las Partes podrá dejar de serlo, un año después de haber notificado su denuncia ante el Gobiernos de los Estados Unidos de América, el cual informará a los Gobiernos de las otras Partes del depósito de cada notificación de denuncia", señala el citado artículo.
Ningún país ha sido expulsado de la OTAN en sus más de 75 años de historia. La Alianza Atlántica se basa en el principio de consenso: cualquier cambio en el tratado requiere unanimidad. No obstante, aunque no exista un mecanismo jurídico para expulsar a un país de la OTAN, EEUU podría aplicar herramientas políticas para presionar su salida, como un aislamiento diplomático y las sanciones económicas, entre otras.
En el caso de que España, en algún momento, decidiera salirse de la OTAN o, en el hipotético caso de que fuera expulsada, nuestro país dejaría de contar con la protección colectiva que ofrece la Alianza.
Es decir, el famoso artículo 5 de la OTAN, aquel que contempla que un ataque contra un miembro es considerado un ataque contra todos. Hasta la fecha, dicho artículo solo se ha invocado en una ocasión, en respuesta a los ataques terroristas del 11-M de 2001 en Estados Unidos.
Por tanto, en caso de producirse un ataque armado contra uno de los integrantes, y que este invoque el artículo 5, cada una de las demás naciones, en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, ayudará a la Parte o Partes atacadas, adoptando seguidamente, de forma individual y de acuerdo con las otras Partes, las medidas que juzgue necesarias, incluso el empleo de la fuerza armada, para restablecer la seguridad en la zona del Atlántico Norte.
Por supuesto, también obligaría a España a dejar de participar en misiones OTAN, al menos como socio y, por tanto a aumentar su gasto en Defensa para garantizar su seguridad.
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