




















La publicación de la última Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026 marca un hito histórico. El Gobierno ha aprobado un incremento del 42% en los puestos de perfil tecnológico respecto al año anterior. En total más de 1.700 plazas vinculadas a las nuevas tecnologías.
La gran novedad no es solo el volumen, sino la especialización. Por primera vez en la historia de la Administración se convocan plazas específicas para expertos en Inteligencia Artificial (IA), ciberseguridad y ciencia del dato.
Este movimiento estratégico del Ejecutivo coincide con un momento de reconfiguración en el sector privado, caracterizado por el estancamiento de las contrataciones y un ecosistema donde la propia IA está redefiniendo las puertas de entrada al mercado laboral. ¿Puede competir el "trabajo para toda la vida" con los incentivos de las Big Tech y las consultoras privadas?
La Administración lleva varios años aumentando la oferta tecnológica, pero las convocatorias anteriores muestran una dificultad que se repite año tras año: las plazas más cualificadas quedan vacías.
La OEP 2026 incluye 300 puestos para el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información (A1), 400 para el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática (A2) y 1.000 para técnicos auxiliares (C1). La categoría C1 es la única que el Gobierno consigue llenar sistemáticamente. Ahora bien, en los escalafones más altos, la situación es radicalmente distinta.
En las convocatorias multitudinarias de 2022 y 2024, para el cuerpo A2 solo se nombraron 716 funcionarios de 1.835 posibles (menos de la mitad). En el nivel A1, el desierto es total, no se llegó a cubrir ni el 20% de las plazas. En 2022 apenas superaron el proceso 119 personas para 800 posiciones.
El motivo de esta escasez podría ser en buena parte económico. El salario de un funcionario del grupo A1, el de mayor rango, oscila entre los 45.000 y 55.000 euros anuales en función del destino, mientras que un A2 se sitúa en el entorno de los 35.000 euros.
Si cruzamos estos datos con el sector privado, la diferencia es clara. Según el último Informe de Salarios en Inteligencia Artificial en España (2026) de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) y la Guía Salarial TIC de Adecco Group 2026, un ingeniero de IA o un científico de datos con apenas tres a cinco años de experiencia supera con creces los 65.000 euros, pudiendo alcanzar los 90.000 o 110.000 euros en posiciones de arquitectura o dirección.
Por su parte, los datos de la consultora Manfred (Guía Salarial 2026) apuntan a que las labores de dirección técnica en la empresa privada duplican e incluso triplican las retribuciones del funcionariado A1.
La remuneración media del sector tecnológico digital en España ya se situaba en 48.900 euros anuales a finales del año pasado, de acuerdo con datos de Europa Press, una cifra que marca mucha distancia con la base del funcionariado medio.
Ahora bien, el sector privado ya no es el paraíso idílico de 2021, antes de la explonsión de la IA. Si bien el tecnológico sigue siendo el sector que ofrece mejores oportunidades de empleo, las cifras del primer trimestre de 2026 consolidan un claro estancamiento en la contratación.
Los datos interanuales más recientes confirman un frenazo brusco que se traduce en una contracción de 50.000 ocupados en estas actividades, entre el tercer trimestre de 2024 y el mismo periodo de 2025.
Los descensos más intensos se concentran en arquitectura e ingeniería, con 26.000 empleos menos, y en telecomunicaciones, con una pérdida de 20.000 puestos. A ello se suman los recientes procesos de ajuste en grandes compañías, desde Meta a Amazon.
A esto se suma la democratización de las herramientas de IA generativa. Lejos de crear solo empleo, la IA se está llevando por delante a los perfiles juniors. Las tareas básicas de picar código que antes hacían los recién graduados ahora las resuelven copilotos de IA, cerrando las puertas de entrada a los ingenieros noveles en el ámbito privado.
Ante este panorama de mayor exigencia y contratos que ya no son tan estables, las 1.000 plazas de la categoría C1 y las 400 de la A2 que ofrece el Estado se vuelven extraordinariamente atractivas.
También existe una diferencia relevante en aspectos como la conciliación. Frente a las jornadas maratonianas habituales en buena parte del sector privado (aunque con modelos híbridos y flexibilidad creciente en algunas empresas tecnológicas), La Administración General del Estado acaba de implantar la jornada de 35 horas semanales.
En un contexto de estancamiento de contrataciones y mayor exigencia de entrada, la Administración podría convertirse en refugio para quienes buscan estabilidad, pero puede seguir teniendo dificultades para seducir a los candidatos más cotizados.
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