Si has acumulado a lo largo de los años un montón de cargadores distintos, cada uno con su conector propio e incompatible con todos los demás, es hora de deshacerse de ellos, porque a partir del día 28 de abril la normativa europea sobre cargadores comunes entrará en su fase final y todos los ordenadores portátiles que se pongan a la venta en España y en el resto de países de la Unión Europea deberán incluir obligatoriamente un puerto USB-C para su carga, lo que en la práctica significa que el mismo cable que ya sirve para cargar un teléfono móvil o una tableta servirá también para alimentar el portátil.

La medida no llega de un día para otro ni ha pillado a nadie por sorpresa, porque la directiva que la sustenta se aprobó en 2022 y desde entonces se ha ido aplicando de forma escalonada para dar tiempo a los fabricantes a adaptar sus diseños y cadenas de producción. Los teléfonos móviles, las tabletas, las cámaras y otros dispositivos electrónicos de menor tamaño ya estaban obligados a cumplir con el estándar desde diciembre de 2024, pero Bruselas concedió un plazo adicional a los portátiles porque sus requisitos energéticos son considerablemente más exigentes que los de un smartphone y hacía falta que la tecnología de carga por USB-C madurase lo suficiente como para garantizar que podía suministrar la potencia necesaria sin comprometer la seguridad ni el rendimiento.

Esa maduración ya se ha producido, y lo que a efectos prácticos va a notar cualquier persona que compre un portátil nuevo a partir del 28 de abril es que podrá cargarlo con el mismo cable y el mismo adaptador que utiliza para el resto de sus dispositivos, algo que hasta ahora dependía de la buena voluntad de cada fabricante y que en muchos casos ni siquiera funcionaba entre modelos distintos de la misma compañía.

Cuánto dinero puede llegar a ahorrarse

Pero la comodidad no es el único argumento que ha manejado la Comisión Europea para impulsar esta ley, porque las cifras de residuos asociados a los cargadores que se desechan o que quedan olvidados en un cajón son llamativas: aproximadamente 11.000 toneladas de basura electrónica cada año solo en territorio europeo, una cantidad que la nueva normativa pretende reducir de forma significativa al fomentar la reutilización de cables y adaptadores que en muchos hogares ya están disponibles.

La directiva introduce además un cambio que afecta directamente al bolsillo del consumidor, porque a partir de ahora los fabricantes estarán obligados a ofrecer la posibilidad de comprar los dispositivos sin cargador incluido, una práctica que se conoce como desvinculación y que evita pagar por un accesorio que el comprador probablemente ya tiene en casa. Las estimaciones de la Comisión sitúan el ahorro potencial para los consumidores europeos en torno a los 250 millones de euros anuales, una cifra que refleja la magnitud del gasto innecesario que hasta ahora generaba la fragmentación del mercado de cargadores.

Hay un último aspecto que suele pasar desapercibido y que tiene que ver con la velocidad a la que se carga el dispositivo, porque la normativa no solo regula la forma física del conector sino que armoniza también el protocolo de carga rápida, lo que significa que un cargador compatible proporcionará la misma velocidad de transferencia de energía independientemente de la marca del portátil, eliminando la práctica habitual de algunos fabricantes de limitar artificialmente el rendimiento de la carga cuando el usuario no utilizaba su accesorio original.

Lo que empezó siendo una reivindicación de los consumidores europeos que llevaban años quejándose de la acumulación absurda de cables incompatibles se ha convertido en una directiva que cambia las reglas del mercado tecnológico y que, según sus promotores, debería servir de referencia para que otras regiones del mundo adopten medidas similares.