























Si bien las cuotas de autónomos se mantendrían congeladas este año, para 1,2 millones de trabajadores por cuenta propia en España, específicamente societarios y familiares colaboradores, su cuota mensual se ha encarecido de forma imprevista desde el pasado enero.
La situación no responde a una reforma legislativa de última hora, sino a la a la aplicación de normativas diseñadas hace cuatro año. En concreto a la activación de la Disposición Transitoria Séptima del Real Decreto-Ley 13/2022.
Según el diseño original del sistema de ingresos reales, las bases mínimas para estos colectivos debían definirse anualmente en las cuentas públicas. Sin embargo, ante la ausencia de nuevos presupuestos para 2026, la normativa establece un mecanismo automático que vincula su base mínima a la del Grupo 7 del Régimen General.
El impacto financiero es palpable. Para los autónomos con rendimientos netos moderados, la base de cotización ha pasado de los 1.000 euros vigentes hasta el cierre de 2025 a los 1.424 euros actuales. Esto se traduce en un incremento de aproximadamente 135 euros en la cuota, lo que supone un coste anual adicional de 1.620 euros por trabajador.
Desde organizaciones como la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), se ha señalado que este incremento del 42% en la base mínima rompe el principio de progresividad que inspiró la reforma de 2022. La crítica se centra en que, mientras que para el resto de autónomos se han prorrogado las tablas de 2025 manteniendo cierta estabilidad, los societarios y colaboradores han quedado expuestos a un ajuste técnico que eleva sus costes sin que medie un aumento proporcional en sus ingresos.
"La Disposición Transitoria 7 del RDL 13/2022 de 26 de julio fijaba una transitoriedad En 2023 la base mínima era de 1000 euros para estos colectivos,en 2024 y 2025 se tenia que fijar en Preupupuestos,que nunca los hubo y en 2026,tampoco. Los autónomos no pueden pagar la incompetencia del Gobierno en sacar adelante unos Presupuestos", apunta el presidente de ATA, Lorenzo Amor, desde su cuenta de X.
La medida afectará a un tercio de los autónomos. "Los más de 400.000 familiares colaboradores y los más de 800.000 autónomos societarios que tengan rendimientos próximos a 1000 euros al mes"cifra la organización.
La radiografía que dibula ATA revela un peso estadístico relevante en el empleo femenino, especialmente en el caso de las colaboradoras familiares en negocios pequeños y locales. " La gran parte de los afectados son mujeres, mayores de 50 años y del mundo rural", apuntan en un comunicado.
Por su parte, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, con Elma Saiz a la cabeza, ha defendido la legalidad del ajuste, argumentando que se limita a cumplir con la hoja de ruta avalada por el Congreso en 2022. La administración sostiene que la convergencia de bases es necesaria para la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
"En esa ley se establecía que en 2026 la base de cotización de los autónomos societarios, de familiares colaboradores y de autónomos que no declaran ingresos sería la base mínima del Régimen General. Lo dice la ley", ha alegado la ministra en declaraciones recogidas por Europa Press.
"Aun así, hemos establecido en una orden ministerial recientemente, que no ha recibido ningún tipo de alegación, que sea a partir de la regularización que se producirá en 2028 cuando se produzca esa base mínima", añade.
A este respecto, Amor ha indicado que los trabajadores afectados aún no se han enterado, pues desde Seguridad Social se les permite mantener la base mínima de cotización de 1.000 euros. "Pero dentro de año y medio, a estos autónomos les van a pegar un sablazo de 1.620 euros".
La controversia ha llegado ya a las cámaras legislativas. PP, Junts y Vox han iniciado contactos para intentar frenar vía enmiedas lo que consideran un agravio comparativo por carácter fiscal. El objetivo de estas negociaciones, según Amor, es impulsar una modificación normativa que devuelva las bases a niveles de 2025, idealmente con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026.
Para las pymes y los autónomos que operan bajo estructuras societarias, este incremento supone un desafío extra en un contexto donde los costes operativos, suministros, alquileres y materias prima, ya han erosionado los márgenes de beneficio.
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