El Tribunal Supremo ha vuelto a poner orden en uno de los grandes problemas del empleo público en España, el abuso de temporalidad sobre los interinos que encadenan contratos temporales durante años. La sentencia no abre la puerta a una regularización automática para todos, pero sí aclara qué perfiles pueden aspirar a plaza fija, quiénes podrían reclamar indemnización y qué pasa con quienes no aprobaron oposición.
La clave del fallo publicado, este martes 12 de mayo sobre el caso de una trabajadora del Ayuntamiento de Madrid en esa circunstancia, está en que no todos los interinos se encuentran en la misma situación jurídica.
El Alto Tribunal distingue entre quienes llegaron a su puesto tras superar un proceso selectivo y quienes no lo hicieron, una diferencia que cambia por completo el alcance de la reclamación.
La sentencia del Alto Tribunal se centra en el abuso de temporalidad en la Administración y en cómo debe responder el sistema cuando esa temporalidad se prolonga demasiado.
El criterio que fija no convierte a todos los interinos en fijos, pues "sin superar un procedimiento de acceso al empleo público" va en contra de la Constitución y de los principios de igualdad de acceso al empleo público. Ahora bien, sí que contempla una conversión a fijo de aquellos que aprobaron una oposición, pero no obtuvieron plaza "si posteriormente suscribe contratos de duración determinada y se produce un abuso en la temporalidad".
"No resulta contra legem (contra ley) la conversión de ese contrato en una relación laboral fija porque esa persona ha participado en una prueba de acceso al empleo público fijo conforme a los requisitos de igualdad, mérito y capacidad y la ulterior vulneración de la Cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, que evidencia una necesidad estructural de trabajadores, obliga a dicha conversión", se extrae de la sentencia.
El Supremo sitúa por tanto en un plano distinto a quienes aprobaron una oposición y a quienes entraron sin haber superado un proceso selectivo. A efectos prácticos, esa diferencia condiciona tanto la posibilidad de obtener una plaza fija como la de reclamar una indemnización.
Existe otro matiz. Cómo recuerdan desde CCOO, la sentencia "afecta exclusivamente al personal laboral que, mediante resolución judicial, ostenta la condición de indefinido no fijo". No afecta por tanto al personal funcionario interino, "cuyo régimen jurídico es distinto y queda al margen de lo aquí expuesto".
La gran pregunta para miles de trabajadores temporales es si la sentencia les permite estabilizar su puesto. El Tribunal Supremo liga esa posibilidad al hecho de haber aprobado una oposición, lo que sitúa el acceso previo al sistema como elemento decisivo.
En la práctica, esto significa que la sentencia beneficia sobre todo a quienes sí pasaron por un proceso de selección y después vieron cómo su relación con la Administración se alargaba en el tiempo de forma indefinida. No se trata, por tanto, de una conversión universal de interinos en fijos, sino de una respuesta más acotada, apoyada en la trayectoria previa del trabajador.
No obstante, el fallo dejaría fuera, en principio, a "las convocatoria de acceso a empleo temporal", pero alcara qué pasa con otras pruebas como los concursos o proceso de méritos.
Para quienes no superaron una oposición, el escenario es distinto. En esos casos, el Supremo no abre la misma vía para reclamar la plaza fija, lo que reduce de forma notable el alcance de la sentencia para una parte importante de interinos. Eso no significa que queden sin protección, pero sí que su recorrido jurídico es diferente.
La resolución deja claro que la consolidación automática no es la solución general para todos los casos de abuso de temporalidad. Para los interinos sin oposición aprobada, el debate se desplaza hacia otras formas de reparación, entre ellas la posible compensación económica.
La indemnización es la otra gran vía que abre la sentencia para los afectados por la temporalidad abusiva.
Cuando no procede la plaza fija, el Supremo deja margen para que determinados interinos puedan reclamar una compensación por el tiempo trabajado y por el daño derivado de una situación prolongada de temporalidad. En el primer caso, según la sentencia, podrían ser de 20 días por año trabajado con un máximo de una anualidad cuando se acaba el contrato y un fijo ocupa el puesto.
A esta se sumna la "compensatoria del abuso" por los prejuicios sufridos. Para determinar su importe se deberá diferenciar entre daños materiales y morales, teniendo en en cuenta las funciones de la persona empleada, el número y duración de contratos, ventajas que se podrían haber reclamado o el "perjuicio" por la "incertidumbre" sufrida.
Más allá de cada caso individual, el fallo tiene un impacto directo sobre cómo gestiona la Administración su personal temporal. La sentencia refuerza la idea de que el abuso de interinidad no puede convertirse en una situación estructural sin consecuencias,como dejó claro en abril el Tribunal de Justicia de la UE.
El mensaje de fondo es claro, la temporalidad prolongada pasa a ser un problema con efectos jurídicos concretos. La resolución del Supremo aporta certidumbre, pero también mantiene abierta la litigiosidad en los casos que no encajan de forma clara en el criterio fijado por el tribunal.
Para los interinos, la sentencia obliga a revisar tres elementos: si aprobaron o no una oposición, cuánto tiempo llevan ocupando la plaza y qué tipo de nombramiento tuvieron.
Esos factores son los que marcan la diferencia entre poder aspirar a plaza fija, reclamar indemnización o no tener una vía clara de consolidación.
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