La “soberanía digital” y la ambición de convertir a Europa en un “continente de la IA” se han situado en lo alto de la agenda política. Detrás del titular hay una intuición robusta: quien no controle los modelos, los datos y la capacidad de cómputo, acabará dependiendo de las reglas, las infraestructuras y las empresas ajenas. La nueva Agenda Digital de la UE, a través de la Década Digital 2030 y la Estrategia “Continente de la IA” busca precisamente este objetivo: reducir dependencias estratégicas, construir infraestructuras propias y desplegar la IA en la economía real.

Hablar de soberanía en IA implica un conjunto amplio de objetivos. Por un lado, reducir la vulnerabilidad ante posibles interrupciones en la cadena de suministro de datos, modelos o infraestructuras digitales críticas y proteger la privacidad y los datos de la ciudadanía frente a eventuales prácticas de vigilancia de actores extranjeros. Al mismo tiempo, garantizar la primacía del Derecho de la UE en el desarrollo y despliegue de estas tecnologías y asegurar que la IA se mantenga alineada con los valores constitucionales europeos, dada la profundidad de su impacto social.

Pero hay un matiz que a menudo se pierde en el debate: la soberanía en IA no es un fin en sí mismo, sino un medio para algo más importante: más productividad, más innovación y mejores servicios públicos. Una Europa “soberana” en IA que no consiga que sus empresas y administraciones adopten estas tecnologías a gran escala seguirá siendo, en la práctica, poco competitiva. La soberanía no radica solamente en la capacidad de establecer normas o aumentar la capacidad de computación y los centros de datos, sino también en ser capaces de usar la IA en el día a día para investigar, innovar, producir y resolver problemas.

Garantizar que el desarrollo de la IA crea valor para la economía de la UE mediante el desarrollo y fortalecimiento de un ecosistema industrial de IA diverso, competitivo y resiliente es crucial para evitar que la UE se quede atrás y quede relegada a la condición de mera proveedora de datos y consumidora de modelos ajenos. La próxima ola de productividad y de empleo de calidad no nos puede pasar de largo.

Desde esta mirada, la soberanía europea en IA pasa también por lo que ocurra en el tejido empresarial español. Y, en este sentido, el conjunto de datos del que disponemos ofrece una fotografía matizada.

Por un lado, a IA es ya el ámbito con mayor inversión de capital riesgo del sector tecnológico español y España figura entre los países europeos con más creación de startups de IA. El reto persiste en escalar esas empresas, de modo que un número mayor alcancen la condición de grandes compañías.

Por otro, España comparte con otros países del sur de Europa una estructura productiva con un peso extraordinario de las pymes y microempresas. Esta realidad es tan conocida como tozuda: cualquier estrategia que no piense en cómo integrar la IA en ese ecosistema y desarrollar “capacidades distribuidas” será incompleta.

El crecimiento en la adopción de la IA ha sido rápido. Sin embargo, hoy apenas una de cada cinco empresas españolas utiliza algún sistema de IA, y de ellas la mayoría lo hace todavía de forma experimental o en proyectos piloto; solo una proporción muy reducida la emplea de manera intensa para transformar su negocio. Además, como muestran diversos estudios, la adopción se concentra en las empresas más grandes y productivas y en los servicios tecnológicos, lo que amenaza con agrandar las brechas de productividad y la concentración de mercado.

Sin duda, las pymes se enfrentan a barreras específicas: elevados costes fijos de implantación de la IA, problemas para acceder a perfiles cualificados, necesidad de grandes volúmenes de datos, dudas sobre regulación, seguridad y privacidad o simplemente desconocimiento sobre para qué les puede servir una IA, que aparenta ser más un experimento ajeno que una palanca central para transformar su negocio.

Sin embargo, las empresas españolas tienen también ante sí grandes oportunidades para usar la tecnología para mejorar su posicionamiento en nuevas cadenas de valor y sectores de actividad vinculados a los grandes retos de nuestra época, como la transición ecológica, la sociedad de la longevidad, la educación a lo largo de la vida o la salud mental.

En este contexto, el Estado tiene que ser un facilitador para el desarrollo de tecnología europea y para fomentar la adopción de la IA, y asegurar, al mismo tiempo, que la tecnología y el nuevo mundo digital respeten los derechos de los ciudadanos. En el marco de las políticas europeas, desde el sector público hemos de impulsar políticas e iniciativas que cubran los fallos de mercado que hacen inviable un ecosistema plural de IA: poner capacidad de computación a disposición de las empresas a través de la red de supercomputación, desarrollar modelos de IA públicos cuyo entrenamiento y datos sea transparente, como nuestra iniciativa ALIA orientada a disponer de una familia de modelos de IA pública, y movilizar datos de calidad concebidos como un bien público.

Una de nuestras iniciativas más recientes consiste en la creación de “fábricas de IA” en torno a los centros de supercomputación ya existentes. Alrededor de 3.000 GPUs de última generación estarán disponibles de forma gratuita para que las pymes puedan innovar y desarrollar soluciones de inteligencia artificial en el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona y, en una segunda fase, en el Centro Regional de Supercomputación de Galicia.

Las fábricas de IA no sólo proporcionarán capacidad de computación, van a articular una serie de servicios para apoyar a empresas innovadoras en su aceleración y a fomentar el desarrollo de IA en sectores estratégicos como la salud, el agroalimentario, la energía, el sector público, el sector del marketing o la comunicación.

Por otro lado, tenemos que invertir en tecnología europea. En esta línea acabamos de anunciar que  destinaremos 100 millones de euros a impulsar proyectos tecnológicos españoles que refuercen la soberanía digital europea, en el marco del Proyecto Importante de Interés Común Europeo en Inteligencia Artificial (IPCEI AI). Se trata de una iniciativa estratégica que busca fomentar la colaboración público-privada en toda la cadena de valor de la IA, desde la investigación y el desarrollo hasta el primer despliegue industrial, con el objetivo de desarrollar un ecosistema europeo de IA de nueva generación. Se han seleccionado nueve proyectos españoles que se presentarán a la Comisión Europea. Las compañías seleccionadas deberán ahora establecer socios en otros países miembros de la UE para escalar su proyecto y asegurar un impacto europeo real.

En cuanto a las administraciones públicas, el desarrollo de la IA avanza con un doble objetivo. El más importante es generar beneficios para el ciudadano y proveerle mejores servicios, más rápidos, más personalizados y adaptados a la singularidad de sus necesidades, con mayor capacidad para anticipar sus necesidades en lugar de reaccionar a los problemas una vez que han aparecido, y proporcionándole más y mejor información sobre qué está ocurriendo en cada momento.

En segundo lugar, mejorar la “trastienda” de las políticas y servicios públicos para complementar las capacidades de los trabajadores públicos, aumentar la productividad y la eficiencia de la administración, reducir tiempo y costes, y liberar a los empleados públicos de ciertas tareas repetitivas, lo que les permitirá dedicar más tiempo a atender a las personas, dedicarse a tareas intelectuales más creativas y aplicar su experiencia y conocimiento técnico a resolver situaciones complejas.

Para ello, estamos desarrollando 19 casos de uso de IA en la Administración General del Estado basados en los modelos de lenguaje ALIA. Algunos serán de aplicación inmediata el próximo verano, mientras que otros necesitarán una mayor evolución antes de estar completamente operativos.

En síntesis, si nos tomamos en serio la soberanía en IA, tendremos que medir el éxito en capacidad de computación, gigafactorías y en la emergencia de gigantes tecnológicos europeos. Pero también deberemos medir el éxito en la adopción de la IA en los procesos cotidianos de la economía “de a pie” y en la interacción de los ciudadanos con las administraciones públicas.

Esto significará preguntarnos cuántas pequeñas empresas utilizan algoritmos para diseñar nuevos productos, determinar precios, anticipar demanda, optimizar procesos y reducir consumos energéticos y personalizar sus servicios, o cuántos servicios públicos la usan para ser más eficaces, eficientes, proactivos o transparentes. Significará evaluar si los programas públicos han conseguido que una pyme de logística, un ayuntamiento, una cooperativa agraria o un taller industrial incorporar soluciones de IA de forma segura, accesible y rentable.

La paradoja es que la gran batalla de la soberanía en IA se juega tanto en la geopolítica internacional como en los terrenos más modestos de la economía local. La buena noticia es que la UE y España tienen los recursos, el talento y el marco regulatorio para afrontar este reto. Lo que falta, todavía, es cerrar la brecha entre las intenciones y la realidad: pasar de la soberanía invocada a la soberanía practicada en miles de decisiones públicas y empresariales cada día. Cuando eso ocurra, Europa no solo hablará de soberanía en IA: la estará ejerciendo sin necesidad de proclamarlo.