La junta de accionistas de Warner Bros. Discovey (WBD) ha votado a favor de la fusión con Paramount por una abrumadora mayoría. Aunque era un paso fundamental para continuar con el proceso, todavía queda un largo camino para que la operación sea aprobada por la autoridad reguladora. El riguroso escrutinio al que está a punto de someterse este acuerdo tendrá como objetivo valorar la importancia de los principales escollos a la fusión.
La libre competencia es muy necesaria para que los mercados funcionen correctamente. Fomenta que las empresas ofrezcan mejores productos, más variedad y competitivas con los precios para atraer clientes, elevando la relación calidad-precio. También fuerza a las compañías a innovar y a reducir costes para mantener su posición de mercado, lo que alimenta el progreso. Y, además, moviliza recursos favoreciendo la inversión, el empleo y el crecimiento económico.
En este caso en concreto, la prioridad de la autoridad reguladora será garantizar que la operación no viola las leyes antimonopolio. La cuota de mercado del entrenamiento que acaparan las majors ya está muy concentrada. Se estima que, en la actualidad, ronda un 80% () que se reparte entre cinco compañías (Disney, Universal, Warner Bros., Sony y Paramount). De aprobarse el acuerdo, serían cuatro las empresas que se repartirían el tablero.
Esto podría tener consecuencias significativas en varios ámbitos. En primer lugar, en las salas de cine, reduciendo la oferta disponible para el público al dificultar la entrada de proyectos independientes. También en el ámbito del streaming, dando vía libre a posibles subidas de precios al no tener incentivos para ser competitivos. El volumen de las producciones también podría verse afectado, lo que podría impactar directamente a los empleos. Y, por último, podría reducir la venta de licencias si decidiesen emplear la exclusividad para debilitar la competencia, lo que afectaría directamente al bolsillo del espectador.
Los consumidores no son los únicos afectados por esta operación. Más de 4.000 guionistas, actores y directores de Hollywood han firmado una carta en contra de esta fusión, por el impacto que tendrá en la profesión. En su opinión, la fusión supondrá una reducción del flujo de producciones, menos empleo en la cadena de producción y menos opciones para creadores independientes. Esto, argumentan, acelerará una tendencia que ya se observa desde hace un tiempo: la reducción del cine de presupuesto medio, de la distribución independiente, del mercado internacional de ventas y de los modelos de participación en beneficios. La industria, en este contexto, se inclinará hacia proyectos menos arriesgados, lo que compromete la sostenibilidad de la comunidad creativa, especialmente de las pequeñas y medianas empresas. En la carta también se recuerda que la competencia en medios es clave tanto para la economía como para la democracia, porque una industria muy concentrada puede limitar la diversidad de narrativas y la pluralidad de voces.
El departamento de justicia de EEUU ya ha emitido citaciones a representantes de ambas compañías para que, en audiencia pública, puedan responder a preguntas decisivas para valorar el nivel de amenaza real en este ámbito, como el número de estrenos anuales programados, duración de las ventanas de distribución o la forma en que se comercializará Paramount+ y HBO Max, entre otras.
La Primera Enmienda a la Constitución de EEUU garantiza la libertad de prensa, impidiendo que el gobierno censure o controle medios de comunicación. Este es, en la práctica, uno de los mayores obstáculos para la operación. De hecho, los operadores del mercado son muy consciente de lo problemáticos que pueden ser este tipo de acuerdos cuando incluyen compañías de medios.
Cuando Disney compró Fox, por ejemplo, la operación excluyó deliberadamente las divisiones de noticias (como Fox News) para evitar la concentración del poder mediático (al unirlas al porfolio de Disney) y evitar que la concentración en este ámbito pudiese torpedear el acuerdo. En el caso de Paramount-Warner Bros. Discovery no se ha optado por centrar la compra en los activos de entretenimiento, excluyendo los medios de comunicación. Al contrario, CNN es una de las claves del acuerdo.
En principio, la famosa cadena de noticias pasaría formar parte del gran conglomerado junto a CBS News y otros canales de noticias. En el sector han saltado las alarmas dado el perfil político de los nuevos dueños (los Ellison), estrechos aliados de Donald Trump, cuyo gobierno ha sido históricamente muy hostil con CNN. Aunque David Ellison ha reiterado en varias ocasiones su intención de mantener la independencia editorial del canal la realidad es que gran parte de la oferta informativa del país quedará en manos de un solo grupo empresarial próximo a Trump. Como han señalado desde la propia CNN, cuando pocos dueños controlan muchos medios, se debilita la capacidad de estos para actuar como contrapeso al poder político y económico.
Resistirse a la presión política parece difícil cuando lo que está en juego es que el acuerdo salga adelante. CNN podría verse forzada a moderar su discurso incluso en ausencia de una prohibición explícita, lo que erosionaría la libertad de prensa en la práctica.
El sobreendeudamiento derivado de la operación
La fusión supondrá una deuda enorme, cercana a los 79.000 millones de dólares, lo que podría darle a la fiscalía una excusa para exigir una reestructuración de la operación (que implicase, por ejemplo, dejar fuera activos).
Este volumen de deuda, además, convertiría a la nueva compañía una de las majors más apalancadas del sector, lo que afectaría directamente a su capacidad de inversión, a su crecimiento y haría inevitable el recorte de plantilla, una de las grandes líneas rojas en este tipo de supervisiones.
En el curso de cuatro meses Paramount ha ganado a Netflix en la puja por WBD y ha logrado el sí de la junta directiva. Pero todavía queda lo más difícil: el beneplácito de la autoridad reguladora, que podría bloquearlo o exigir cambios estructurales, como la exclusión de activos. Ellison da por sentado que la operación saldrá adelante antes de que termine el año porque es consciente de que un litigio prolongado retrasaría la integración y la encarecería, algo que no puede permitirse. Cosa distinta es que lo consiga.
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