La gran devolución fiscal a los antiguos mutualistas parecía encaminada a su recta final después de tres años de reclamaciones, cambios de criterio y una factura mucho mayor de la prevista inicialmente. Sin embargo, el cierre administrativo del proceso en España deja todavía a cientos de miles de afectados pendientes de resolución.
La Agencia Tributaria asegura haber resuelto el 95% de las solicitudes con derecho acreditado a devolución derivadas de la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2023. El problema es que detrás de ese porcentaje permanece una bolsa de cerca de 800.000 mutualistas jubilados que aún no han recibido el reintegro o cuya situación sigue sin resolverse.
El conflicto se remonta a las antiguas mutualidades laborales. Entre 1967 y 1978 muchos trabajadores realizaron aportaciones para su futura jubilación que recibieron un tratamiento fiscal distinto al de las cotizaciones a la Seguridad Social.
La sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2023 concluyó que esa diferencia había provocado una tributación indebida en el IRPF y reconoció el derecho a compensación económica, que podía ascender a 4.000 euros, para cientos de miles de afectados.
La resolución abrió uno de los mayores procesos de revisión fiscal de los últimos años. Desde entonces, la Agencia Tributaria ha tenido que analizar alrededor de 2,5 millones de expedientes y realizar devoluciones que ya rondan los 3.500 millones de euros.
La dimensión económica del proceso ha superado ampliamente las previsiones iniciales del Ministerio de Hacienda, que hace dos años estimaba un impacto cercano a los 1.700 millones.
La magnitud de las reclamaciones terminó modificando incluso la estrategia inicial de Hacienda.
La avalancha de expedientes y el incremento de los importes a devolver llevaron al Gobierno a replantear el sistema.
A finales de 2024 el Ejecutivo llegó a suspender temporalmente el procedimiento de pagos y planteó un sistema progresivo de devoluciones que se extendería hasta 2028.
La presión política y social terminó alterando ese planteamiento y el esquema de pagos escalonados no llegó a consolidarse.
Mientras tanto, organizaciones sindicales como UGT han reclamado acelerar la resolución de los expedientes pendientes y reducir los retrasos para los pensionistas afectados.
Hacienda sostiene que el grueso del trabajo ya está realizado y que el proceso se encuentra prácticamente liquidado desde un punto de vista administrativo.
Según los datos trasladados por la Agencia Tributaria, se ha resuelto total o parcialmente el 95% de las solicitudes que acreditaron el derecho a reparación.
Sin embargo, el dato incorpora un matiz. Ese porcentaje hace referencia únicamente a los expedientes donde los afectados pudieron demostrar que cumplían los requisitos exigidos.
Fuera de esa cifra permanecen aproximadamente 800.000 solicitudes, según datos proporcionados por Hacienda a 65 y más y ABC, que siguen sin completarse o que no han podido acreditar de forma suficiente el derecho a devolución.
Las dificultades no parecen concentrarse ya tanto en la tramitación administrativa como en la prueba documental.
Fuentes jurídicas ya advertían al inicio del proceso de que uno de los mayores problemas surgiría a la hora de reconstruir carreras laborales y aportaciones realizadas varias décadas atrás.
Muchos mutualistas deben acreditar cotizaciones efectuadas hace 50 años a entidades que dejaron de existir o a través de empresas que desaparecieron hace décadas.
En numerosos casos, encontrar documentación que pruebe esas aportaciones se ha convertido en el principal cuello de botella.
Fuentes de la Agencia Tributaria reconocen que la mayor parte de los expedientes pendientes responden precisamente a esa dificultad probatoria. También admiten que existen algunos casos puntuales vinculados a documentación adicional reciente o a solicitudes que no se presentaron a través de los canales habilitados.
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