La jornada laboral de 35 horas semanales llega a la Administración General del Estado (AGE) en España. Tras años de debate y varios intentos fallidos, el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos marca el inicio de una nueva etapa para más de 200.000 empleados públicos, que verán reducida su carga horaria desde las actuales 37,5 horas.
La medida, que comenzará a aplicarse previsiblemente a partir de la segunda quincena de abril tras la publicación de la correspondiente resolución, supone uno de los cambios más relevantes en la organización del trabajo público en la última década. Su implantación no será inmediata ni uniforme, pues requerirá ajustes organizativos y negociaciones específicas en los distintos ámbitos administrativos.
Desde CSIF valoraron positivamente un logro, que, consideran "favorecerá la conciliación, el bienestar de los trabajadores y la productividad, al tiempo que puede contribuir a la creación de empleo".
Las 35 horas de jornada se enmarcan en el Acuerdo para la Mejora del Empleo Público firmado entre el Gobierno y los principales sindicatos. Una demanda pendiente desde 2022.
El pacto entre sindicatos y Función Pública establece que la nueva jornada tendrá un cómputo anual de 1.533 horas, lo que implica una reducción efectiva del tiempo de trabajo en dos horas y media sin merma salarial.
En una primera fase, beneficiará directamente a más de 220.000 funcionarios de la AGE, aunque su efecto puede extenderse progresivamente a otros ámbitos de la administración pública, como los funcionarios autonómicos y locales que aún no contemplan esta jornada.
Este efecto arrastre se asienta en la ley. La normativa establece que la jornada de las administraciones territoriales no puede superar, en cómputo anual, la fijada para la Administración del Estado, lo que convierte a esta en referencia para comunidades autónomas y entidades locales.
Uno de los elementos clave del nuevo modelo es que su aplicación no será automática. La reducción de jornada deberá concretarse en cada organismo mediante negociación en las correspondientes mesas sectoriales, lo que introduce un calendario desigual en función de las características de cada servicio.
Esta flexibilidad responde a la heterogeneidad de la propia Administración. Ámbitos con necesidades operativas específicas, como Instituciones Penitenciarias o determinados servicios esenciales, deberán adaptar la distribución horaria para garantizar la continuidad de la actividad.
El acuerdo también contempla ajustes en regímenes especiales. Las jornadas de especial dedicación, actualmente fijadas en 40 horas semanales, se reducirán hasta las 37,5, mientras que los horarios intensivos, como los de verano, se revisarán para adaptarse al nuevo marco.
En cuanto alos retos relativos a la gestión., desde Función Pública se ha subrayado que la medida deberá implementarse garantizando la calidad del servicio público y la atención a la ciudadanía, lo que obliga a una planificación detallada de recursos y plantillas.
En este sentido, la reorganización interna será determinante. La reducción de horas trabajadas deberá compensarse mediante mejoras en la eficiencia, redistribución de tareas o, en su caso, refuerzo de efectivos. No obstante, los sindicatos han insistido en la necesidad de que la medida vaya acompañada de nuevas ofertas de empleo público que eviten tensiones en la carga de trabajo.
Más si se tiene en cuenta el contexto en el que se enmarca, definido por el envejecimiento de las plantillas públicas. Más del 20% de los empleados de la Administración General del Estado se jubilará en los próximos cinco años, lo que abre un escenario de renovación sin precedentes.
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