























Tras la sentencia del TJUE, el Tribunal Supremo ha abierto la puerta a que miles de funcionarios interinos en España puedan convertirse en fijos, aunque con la condición de haber superado previamente una oposición o proceso selectivo. Esta medida afectará directamente a interinos de sanidad, educación, justicia y administraciones autonómicas y locales.
La nueva sentencia del Supremo establece que algunos trabajadores interinos podrán adquirir la condición de fijos cuando exista abuso de temporalidad, pero únicamente si previamente han superado un proceso selectivo basado en los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Es decir, no bastará con haber acumulado años como interino. El Alto Tribunal considera que convertir automáticamente en funcionarios fijos a empleados que nunca aprobaron una oposición vulneraría la Constitución y el Estatuto Básico del Empleado Público.
Por eso, para poder optar a ser fijo, es necesario que se haya aprobado una oposición o proceso selectivo y no se consiguiera plaza por quedar detrás de otros aspirantes. Aun así, siguieron trabajando como interinos durante años, lo que ha hecho que sufran un uso abusivo de contratos temporales.
Aunque todavía no existe una cifra oficial cerrada, sindicatos y expertos consideran que la decisión podría beneficiar a miles de empleados públicos en toda España. Sobre todo en cuanto a sanidad pública, educación, universidades, administración de justicia, ayuntamientos y comunidades autónomas.
De hecho, en algunas administraciones, el porcentaje de trabajadores temporales sigue siendo extremadamente alto. Según distintos informes, la sanidad autonómica alcanza tasas cercanas al 45 % de empleo temporal.
El origen de este cambio está directamente relacionado con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bruselas lleva años cuestionando que España no sancionara adecuadamente el abuso de contratos temporales en las administraciones públicas.
Por eso, en abril de 2026, el TJUE se pronunció en contra del modelo español, al considerar insuficientes medidas como la figura del “indefinido no fijo”, las indemnizaciones reducidas o los procesos de estabilización abiertos a cualquier aspirante. La justicia europea entiende que estas fórmulas no castigan realmente el abuso cometido por las administraciones ni garantizan estabilidad laboral a los afectados.
Aquellos trabajadores interinos que no han superado un proceso selectivo en el pasado no van a poder convertirse automáticamente en funcionarios fijos únicamente por haber acumulado años de contratos temporales. En estos casos, el Supremo contempla indemnizaciones económicas, sanciones administrativas o procesos de estabilización que den respuesta al abuso de temporalidad que han tenido. Pero no van a poder optar a una plaza fija. Aunque, para la justicia europea, sí se aplicaría el concepto de “daño moral” derivado de la incertidumbre profesional y personal sufrida por miles de interinos durante años.
De esta forma, muchos interinos podrían recibir indemnizaciones superiores a las tasadas de 20 días por año trabajado en despidos procedentes (con tope en 12 mensualidades) y 33 días por año en improcedentes (con tope en 24 meses).
Paralelamente a las sentencias judiciales, el Gobierno impulsó en los últimos años uno de los mayores procesos de estabilización de empleo público de la historia reciente de España. A través de concursos de méritos y concursos-oposición extraordinarios, cientos de miles de plazas temporales han pasado a convertirse en puestos estables. El objetivo principal era reducir la temporalidad por debajo del 8 %, tal y como exigía la Unión Europea para acceder a determinados fondos europeos vinculados a la modernización de las administraciones públicas.
Sin embargo, muchos interinos quedaron fuera de esos procesos o perdieron sus plazas frente a otros aspirantes, lo que provocó nuevas protestas y demandas judiciales.
De hecho, a pesar de este cambio del Supremo, lo cierto es que muchos empleados públicos temporales siguen reclamando soluciones más amplias y castigos más contundentes por ese abuso de temporalidad.
Por otro lado, el Ejecutivo continúa impulsando nuevas ofertas de empleo público para reforzar las plantillas de la Administración y reducir la dependencia de interinos. Por ejemplo, recientemente se ha dado a conocer una nueva oferta con decenas de miles de plazas para funcionarios y personal laboral. Aun así, muchos expertos y los principales sindicatos advierten de que el problema no se solucionará únicamente convocando oposiciones, ya que las jubilaciones masivas y la lentitud de los procesos selectivos siguen obligando a recurrir a personal temporal en muchos sectores.
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