Una revolución histórica en el empleo público podría llegar esta semana a España. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncia este martes 14 de abril sobre el abuso de la temporalidad en la Administración. Decidirá si obliga a convertir en fijos a miles de interinos o basta con una indemnización al final de la relación laboral.
La decisión llega tras una consulta elevada por el Tribunal Supremo y puede tener consecuencias directas para cientos de miles de trabajadores públicos, especialmente interinos y personal laboral (temporales, indefinidos e indefinidos no fijos, que llevan años e incluso décadas encadenando contratos sin estabilidad.
Bruselas ha señalado en más de una ocasión por las "condiciones discriminatorias" del personal interino del sector público, en comparación con los empleados fijos.
"La legislación española contiene condiciones de empleo menos favorables (como los derechos de vacaciones) para los empleados con contrato de duración determinada que trabajan en el sector público español en comparación con los empleados fijos", apuntó el Ejecutivo comunitario en julio de 2024, en relación con la directiva que prohíbe la discriminación de los trabajadores temporales (Directiva 1999/70/CE del Consejo).
España se ha comprometido a abordar el problema, pero sin muchos resultados hasta ahora. Nuestro país mantiene una de las tasas más elevadas de temporalidad en el empleo público de Europa, con alrededor del 32%, lo que equivale a uno de cada tres trabajadores de la Administración.
El fenómeno se concentra especialmente en comunidades autónomas y entidades locales, donde la figura del interino se ha convertido en estructural para cubrir necesidades permanentes.
La gran incógnita es si la justicia europea avalará la conversión automática en fijo como respuesta al abuso o si aceptará que la fijeza solo pueda adquirirse por oposición, como sostiene el Supremo. En paralelo, también deberá aclarar si una indemnización al finalizar el contrato puede considerarse una sanción suficiente o si se queda corta para reparar y disuadir el fraude.
Hasta ahora, el alto tribunal español se ha mostrado contrario a convertir automáticamente en fijos a quienes han sufrido abuso de temporalidad. Esa posición ha dejado en suspenso numerosas sentencias en juzgados españoles que esperaban la palabra definitiva de Bruselas.
Si el TJUE concluye que la legislación española no ofrece mecanismos eficaces para prevenir y castigar estos abusos, el Gobierno podría verse obligado a revisar la normativa laboral del sector público.
A este respecto, el precedente europeo ya ha empujado a España a impulsar procesos de estabilización en los últimos años, con cerca de medio millón de empleados públicos que han pasado a fijos. Pero esos procesos no han cerrado el abuso de la temporalidad en buena parte del sector público.
Antes de la sentencia, el abogado general de la UE ya dejó una pista al aceptar que la fijeza en el empleo público pueda reservarse a quien supera una oposición, pero advirtió de que eso exige medidas realmente efectivas. En su análisis, ni los procesos de estabilización ni la indemnización prevista por la ley española bastan por sí solos para disuadir estas prácticas.
Esa posición refuerza la idea de que el fallo puede ir más allá de una simple respuesta técnica. Si el tribunal sigue esa línea, la sentencia no solo afectará a los litigios abiertos, sino que puede reabrir el diseño completo del empleo temporal en las administraciones españolas.
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