Internet es como una ciudad cualquiera de Estados Unidos, con sus barrios pudientes, su clase media apostada en las áreas residenciales y esas zonas marcadas en rojo donde nadie quiere estar pero que deben cruzarse de cuando en cuando. Una vez en el gueto, o en esas calles pobladas de desheredados por culpa del fentanilo, puede pasar de todo, igual que en la red, donde nadie queda a salvo de las trampas que tiende el cibercrimen. 

Cuando se analiza el fenómeno, lo habitual es centrarse en los menores, sometidos a una presión digital insoportable más allá del timo o el abuso, o en ese ciudadano despistado que pincha donde no debe al recibir un correo electrónico, un WhatsApp o un SMS. En un segundo plano suele dejarse el fraude hacia los mayores o elder fraud, capaz de causar tantos estragos que el FBI cuantifica en un informe específico sobre la materia (FBI Elder Fraud Report) unas pérdidas de 7.748 millones de dólares entre quienes suman 60 años o más en 2025 (+59% respecto a 2024) y una sangría promedio de 38.500 dólares por estafado.

En dicho documento se observa nítidamente el nivel de exposición al peligro en función de la edad. Lo que ocurre tiene sentido: cuanto más digitalizada está la gente, menos estafas se registran. Entre los más veteranos, explica Hervé Lambert, Global Consumer Operation Manager de Panda Security, son habituales tres factores que facilitan la vida a los ciberdelincuentes: un mayor aislamiento social, una actitud más naif ante las interacciones en entornos tecnológicos y una falta de conocimiento sobre los vericuetos de la web.

Mil caras tiene el peligro

La casuística es tan variada como ancha es la imaginación. Desde el ya clásico phishing con suplantaciones de Hacienda o la Seguridad Social hasta llamadas relativas a un falso soporte técnico o engaños a propósito de inversiones milagrosas y criptomonedas. Pero el factor diferencial del elder fraud reside, según Lambert, en el carácter artesanal del robo, puesto que “la manipulación psicológica” se sustenta en la creación de un vínculo y “rara vez consiste en un ataque directo”.

Panda describe así el proceso. En una primera fase, la meta es la credibilidad y ésta se consigue con diferentes disfraces: la conversación casual en redes sociales, el familiar que se interesa por su tío-abuelo o el agente financiero dispuesto a regalar algunos consejillos para sanear la economía casera ante los zurriagazos del amigo Donald Trump. Durante la segunda etapa se persigue la constancia, lo que en el hiperveloz ritmo de internet significa incluso semanas de conversación, toda una proeza. Se trata, obviamente, de allanar el terreno a la fase de la ofensiva final, donde entran en juego un problema inesperado, una urgencia médica o un bache financiero que exigen al buen samaritano (de 60 o más años) transferencias solidarias, cesión de datos o entrega de contraseñas y códigos de verificación.

¿Qué se cuece en España?

Varias son las fichas que se mueven en España para echar un cable a los menos duchos con internet. El Incibe (Instituto Nacional de Ciberseguridad) cuenta con su programa Experiencia Senior, destinado a promover hábitos seguros y talleres; la Guardia Civil despliega su propio Plan Mayor Seguridad; y la Agencia Española de Protección de Datos propone medidas higiénicas como la creación de contraseñas robustas, el uso de antivirus o el doble factor de autenticación. También se posicionan en este frente diversos bancos y la AEB, fundaciones como Cibervoluntarios (mediante su iniciativa Ciberseniors) y empresas del vertical como la valenciana S2 Grupo, que hace unos años lanzó un decálogo de ciberseguridad para la tercera edad.

El informe de Ciberdelincuencia de la Fundación Pere Tarrés retrata la dimensión del problema en España en sendos estudios de 2024 y 2025. Lo más reseñable es que un 84% de los mayores de 65 años admite que una de sus principales preocupaciones al usar internet es caer víctima de una estafa. Asimismo, entre las personas de 80-89 años el número de engañados roza el 30%. Para esquivar incendios, la fundación sugiere una estrategia sustentada en tres pilares: la formación básica en hábitos seguros, la sensibilización mediante ejemplos y simulaciones, y la disponibilidad de herramientas accesibles de protección y denuncia tanto digitales como presenciales.