La Campaña de la Renta 2025, que acaba de arrancar este 8 de abril de 2026 en España, se enfrenta a un escenario de inestabilidad interna sin precedentes. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado la interposición de un conflicto colectivo contra la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), denunciando un bloqueo sistemático en la negociación de las condiciones laborales de los funcionarios.
La decisión llega tras meses de infructuosas reuniones y lo que el sindicato califica como un "incumplimiento de los acuerdos firmados". Según detallan desde la organización sindical, la dirección de la Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda han frenado la implementación de mejoras que son "vitales" para el correcto funcionamiento del organismo y la progresión profesional de sus funcionarios.
El detonante del conflicto jurídico y social atiende a un cúmulo de compromisos pendientes El sindicato más representativo en las administraciones públicas pone el foco en el bloqueo de la carrera profesional, un sistema que debería permitir la promoción interna y el reconocimiento de la experiencia, pero que actualmente se encuentra "congelado" por falta de dotación presupuestaria y voluntad política.
CSIF recuerda que la AEAT se comprometió en 2024 a revisar la carrera profesional de todos los empleados, que desde el 2019 mantiene bloqueada con la pérdida retributiva correspondiente.
"En este sentido, denunciamos que desde entonces no se ha producido ningún avance, por lo que CSIF interpone un conflicto e insta a la AEAT a que inicie negociaciones para desbloquear la situación", apunta en un comunicado.
A esto se suma la controversia por el modelo de teletrabajo. Mientras otras administraciones públicas han avanzado en fórmulas de flexibilidad, los trabajadores de la AEAT denuncian que se les imponen restricciones que dificultan la conciliación y que no corresponden con la naturaleza digital de gran parte de sus tareas.
A este respecto, el sindicato exige una regulación clara y homogénea que evite la discrecionalidad actual de las distintas delegaciones territoriales.
El reconocimiento del personal del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) como profesión de riesgo, cierra la triada de mejoras laborales que permanecen sin avances. A este respecto, CSIF, remarca las funciones que el colectivo desempeña en la lucha contra el contrabando y otras actividades ilícitas. Demanda un refuerzo de la protección institucional y el reconocimiento específico de las condiciones en las que desarrolla su trabajo.
El calendario elegido para elevar el conflicto no es casual. CSIF ha advertido que, de no producirse un movimiento inmediato por parte de la Secretaria de Estado de Función Pública y de la dirección de la Agencia, se iniciará un calendario de movilizaciones que coincidirá con los meses de mayor carga de trabajo para el organismo.
"No podemos permitir que el esfuerzo que realizan los funcionarios para que la Campaña de la Renta sea un éxito no se vea recompensado con el respeto a sus derechos", señalan fuentes sindicales. La amenaza de paros parciales, concentraciones o "incluso jornadas de huelga" en las delegaciones de Hacienda planea sobre un proceso que afecta a millones de contribuyentes españoles.
El sindicato critica que, mientras la presión fiscal y las exigencias de eficiencia sobre la plantilla aumentan, las retribuciones y las garantías laborales permanecen estancadas.
Ante esta situación, el conflicto colectivo interpuesto busca que la justicia obligue a la AEAT a retomar las negociaciones sobre el convenio colectivo y el resto de acuerdos de mejora. De no haber una resolución rápida, el ciudadano podría sufrir los efectos de una crisis interna en el organismo que gestiona los recursos públicos de España, en el momento en que el Estado más depende de su operatividad.
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