En Europa, hay un país de apenas dieciocho millones de habitantes que acumula un ahorro para la jubilación que supera el tamaño de su propia economía. Países Bajos lo ha logrado y figura desde hace años en lo más alto de las clasificaciones internacionales, encabezando con frecuencia el Mercer CFA Institute Global Pension Index. El secreto de su éxito no está en una pensión pública generosa, sino en una combinación de Estado, empresa y ahorro individual que reparte el esfuerzo entre tres niveles bien diferenciados.

El primer pilar es la llamada pensión AOW, se trata de una prestación estatal de importe fijo que se financia con impuestos y que está completamente desvinculada del salario que se cobró por parte del pensionista, en época de trabajo activo. Para una persona que vive sola ronda los 1.580 euros brutos mensuales, una cantidad pensada como suelo de protección y no como sustituto del sueldo. La principal diferencia del modelo español es que esta paga básica no depende de los años cotizados ni de la base reguladora, sino del tiempo de residencia en el país. Quien ha vivido allí toda su vida laboral percibe la pensión completa.

La edad de acceso a la prestación, se sitúa en 2026 en los 67 años, pero no es una cifra fija ni definitiva. El sistema neerlandés vincula automáticamente la edad de jubilación a la esperanza de vida y la anuncia con cinco años de antelación, de modo que cada generación sabe de antemano cuándo podrá retirarse. Bajo esta fórmula, a partir de 2028 el umbral está previsto en los 67 años y tres meses. Esto es lo que distingue al modelo neerlandés del resto del continente

Así contribuyen las empresas a las pensiones

El auténtico modo de ahorro está en el segundo pilar, el de las pensiones de empleo. Cerca del noventa por ciento de los trabajadores cotiza en grandes fondos sectoriales que invierten el dinero en los mercados durante décadas. Esa enorme bolsa de capital, que acumula un patrimonio cercano al billón y medio de euros, convierte a Países Bajos en uno de los mayores inversores institucionales del planeta, cada mes, las empresas y los empleados aportan de forma conjunta dinero, y ese ahorro se gestiona de manera profesional al margen del presupuesto público.

Aquí es donde entra la gran transformación de los últimos años. La Ley de Futuro de las Pensiones, conocida por sus siglas WTP y en vigor desde julio de 2023, está aplicándose de forma progresiva hasta 2028. El cambio de fondo abandona el modelo de prestación definida, en el que se prometía una pensión conocida de antemano, para establecer uno de contribución definida donde lo que está fijado es la aportación, no el resultado final, de este modo, la hucha colectiva se reparte así en cuentas individuales.

A partir de ahora, el importe que reciba cada jubilado dependerá directamente de cuánto haya aportado y de cómo se hayan comportado las inversiones. Los fondos pueden asumir más riesgo y dar mayor peso a la renta variable, la deuda corporativa o las hipotecas, aunque ajustan el perfil según la edad para proteger a quienes están a punto de retirarse. Por otro lado, los más jóvenes asumen más volatilidad a cambio de un rendimiento esperado mayor a largo plazo.

Ahorro privado en las pensiones

Existe además un tercer pilar voluntario, el del ahorro privado a través de productos individuales, que completa el conjunto para quienes desean reforzar su futuro. Este modelo de tres niveles consigue distribuir la obtención de recursos, que en España recae casi por entero sobre las cotizaciones sociales y el sistema público de reparto. No se trata de elegir entre Estado o mercado, sino de hacer convivir ambos.

Conviene señalar que el modelo no está exento de tensiones y, aunque es robusto, no es perfecto, ya que traspasar el riesgo de la inversión al ahorrador genera incertidumbre sobre la pensión final. Los sindicatos neerlandeses han advertido de que un mal año bursátil puede recortar las expectativas de los futuros jubilados. Aun así, el caso de Países Bajos demuestra que sostener un sistema robusto exige decisiones impopulares, como ligar la edad de retiro a la longevidad y fomentar el ahorro capitalizado desde el primer empleo.