Las mujeres que alcanzan la edad de jubilación tras haber dedicado décadas a ser amas de casa y, por tanto, no cuentan con los años de cotización suficientes, pueden acceder a una pensión no contributiva de jubilación. Se trata de un derecho que garantiza unos ingresos mínimos y asistencia social y sanitaria a aquellas personas que no han podido cotizar lo suficiente a lo largo de su vida por haberse dedicado al cuidado de su familia.
Durante años, el trabajo de las amas de casa no ha tenido ningún reconocimiento formal para la Seguridad Social porque no se generaban cotizaciones. Sin embargo, estas personas, generalmente mujeres, sí que trabajaban en las tareas del hogar y en el cuidado de los hijos o de los familiares. Debido a esto, muchas mujeres y hombres que dedicaron una gran parte de su vida, o toda ella, a esas labores no podían acceder a una pensión cuando se llegaba a la edad de jubilación, puesto que no podían acreditar que hubieran estado llevando a cabo un trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena. Pero esto ya no es así.
Las pensiones no contributivas (PNC) son prestaciones económicas financiadas por el Estado para aquellos que no han cotizado lo suficiente al sistema de la Seguridad Social como para cobrar una pensión contributiva, pero carecen de ingresos suficientes para vivir con dignidad. Su objetivo es garantizar unos ingresos mínimos, asistencia sanitaria y el acceso a servicios sociales complementarios.
Dentro de estas pensiones no contributivas, te puedes encontrar con la pensión no contributiva de jubilación, que se dirige a las personas mayores de 65 años sin cotizaciones suficientes, y la pensión no contributiva de invalidez.
En el caso de las amas de casa, estarían dentro del primer grupo, al considerarse personas que han dedicado su vida al hogar y no han acumulado suficientes años cotizados para optar a una pensión contributiva estándar, pero que necesitan un ingreso mínimo al llegar a la jubilación.
El trabajo doméstico y de cuidados, aunque no cotiza, tiene un valor social incuestionable y, tradicionalmente, ha dejado a quienes lo desempeñan sin cobertura jubilatoria al cumplir 65 años. De ahí que hoy día sí se permita acceder a esta prestación a este colectivo.
Para poder optar a la pensión por parte de las amas de casa, es necesario acreditar que se tiene la edad de jubilación, es decir, 65 años o más al presentar la solicitud para la pensión. Además, ha de tenerse una residencia legal en España durante al menos 10 años, con al menos dos años consecutivos e inmediatamente anteriores al momento de solicitarla.
También es necesario que el solicitante demuestre que carece de ingresos suficientes. Según 2025, el umbral individual se sitúa en 7.905,80 euros anuales para personas que viven solas. En caso de que se viva con otros familiares, entonces se tendrán en cuenta los ingresos de todos los miembros de la unidad económica de convivencia y estos no deben superar unos límites para que se pueda conceder la pensión. Para 2026, y con las subidas de las pensiones, tanto contributivas como no contributivas, la cifra se quedaría en 8.803,20 euros.
Por supuesto, la pensión no contributiva de jubilación no se puede combinar con una pensión contributiva, por lo que solo quienes no tienen derecho a la pensión contributiva pueden solicitarla.
Aquellas amas de casa que cumplan con los requisitos anteriores van a poder ser beneficiarias de una pensión no contributiva. En 2026, la cuantía anual de esta es de 8.803,20 euros, que son 628,80 euros mensuales repartidos en 14 pagas.
La tramitación de la pensión no contributiva depende en parte de cada comunidad autónoma que tiene transferidas las competencias de gestión de estas prestaciones. Sin embargo, existe un marco común y pasos generales a seguir. Para ello, lo primero que debes hacer es reunir la documentación necesaria, como es el DNI o NIE, certificado de empadronamiento y cualquier documento que acredite los ingresos y patrimonio. Deberás rellenar el formulario oficial de solicitud, que podrás presentar online, a través de la sede electrónica de la comunidad autónoma o del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO); o bien presencial, en oficinas del IMSERSO o de la administración autonómica correspondiente. En Ceuta y Melilla, sin embargo, la única forma de presentación es a través del IMSERSO.
Una vez presentada la solicitud completa con la documentación requerida, la administración tiene un plazo para resolver y notificar la concesión o denegación. Este plazo puede variar, pero suele ser de varios meses (normalmente, un máximo de seis), durante los cuales la unidad económica del solicitante puede ser revisada para comprobar la veracidad de los datos aportados.
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