En 2008, Austria eliminó el impuesto general sobre sucesiones y donaciones después de que su Tribunal Constitucional declarara inconstitucional la forma en la que se venían valorando los bienes heredados. Desde entonces, las herencias de dinero en efectivo, cuentas bancarias o acciones están completamente exentas de tributación, con independencia de que exista o no parentesco entre la persona que hereda y la que fallece.
Eso no significa que heredar en territorio austriaco sea un trámite invisible para la administración fiscal. Las autoridades obligan a notificar las donaciones y transferencias patrimoniales que superen determinados umbrales. En el caso de familiares cercanos, el límite se sitúa en torno a los 50.000 euros anuales, mientras que para personas sin vínculo directo la obligación de declarar se activa cuando la cantidad transferida supera los 15.000 euros en un periodo de cinco años.
Los bienes inmuebles son la excepción dentro de este sistema. Cuando lo que se hereda es una vivienda o un terreno, sí existe obligación de abonar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, conocido en la legislación austriaca como Grunderwerbsteuer. La tarifa aplicable a familiares cercanos oscila entre el 0,5 % y el 2 %, y el cálculo no se realiza sobre el valor de mercado del inmueble sino sobre un valor fiscal que suele ser inferior, lo que reduce considerablemente la factura final respecto a lo que pagaría el heredero si se tomara como referencia el precio real de la propiedad.
El sistema español parte de una premisa diferente. El impuesto de sucesiones y donaciones es un tributo estatal cuya gestión está cedida a las comunidades autónomas, lo que provoca diferencias territoriales muy acusadas. El tipo impositivo general puede oscilar entre el 7,65 % y el 34 %, aunque esas cifras se ven corregidas después por las reducciones y bonificaciones que cada gobierno autonómico decide aplicar.
El resultado es que heredar una vivienda de los padres puede salir prácticamente gratis en unas regiones y suponer un desembolso de varios miles de euros en otras. Comunidades como Madrid o Andalucía aplican bonificaciones cercanas al 99 % en las herencias entre padres e hijos, lo que deja la carga tributaria en una cantidad simbólica que apenas afecta al patrimonio recibido. En otras autonomías, sin embargo, la ausencia de esas bonificaciones o la aplicación de mínimos exentos más bajos puede elevar la factura hasta cifras que obligan al heredero a buscar financiación para poder aceptar la herencia.
La base imponible se calcula a partir del valor total de los bienes heredados, descontando las deudas, las cargas y determinados gastos como los funerarios. Sobre esa cifra se aplican reducciones en función del grado de parentesco, la edad del heredero y la existencia o no de alguna discapacidad reconocida, factores que pueden reducir de forma notable la cantidad final pero que no eliminan la incertidumbre que rodea al coste real de heredar en España.
La diferencia de fondo entre ambos países no está solo en las cifras. Austria ofrece un marco homogéneo en el que cualquier ciudadano sabe de antemano lo que va a pagar con independencia de dónde resida. En España, esa previsibilidad no existe porque el coste depende de la comunidad autónoma, y el debate sobre si debería establecerse un mínimo común en todo el territorio lleva años enquistado sin que ningún gobierno haya logrado hasta ahora una reforma que unifique criterios. Lo que para unas familias es un trámite menor, para otras sigue siendo un problema económico real que condiciona decisiones tan importantes como aceptar o renunciar a lo que dejan sus padres.
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