Empieza la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos. Hoy, 18 de mayo, termina el plazo de adaptación dado a la Administración General del Estado (AGE) para aplicar de forma efectiva la reducción desde las 37,5 hasta las 35 horas actuales. La medida entró jurídicamente en vigor el 16 de abril, tras la publicación de la resolución correspondiente en el BOE, pero incluía un periodo transitorio de un mes para ajustar calendarios laborales y sistemas de control horario.
La rebaja supone un recorte de 2,5 horas semanales de trabajo ordinario y fija un cómputo anual de 1.533 horas. También afecta a las jornadas de especial dedicación, que pasan de 40 a 37,5 horas semanales.
El cambio llega después de un acuerdo alcanzado entre el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, dirigido por Óscar López, y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF. Pero su aplicación no será homogénea en toda la administración pública española ni alcanzará por igual a todos los empleados públicos.
La medida se aplica al personal de la Administración General del Estado y a sus organismos dependientes, así como a entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
Las estimaciones difundidas durante la negociación situaban el número de beneficiarios directos en alrededor de 220.000 empleados públicos, aunque algunas referencias posteriores elevaban el alcance potencial hasta el entorno de los 246.000 trabajadores al incorporar determinados colectivos y organismos estatales.
La resolución afecta a ministerios, organismos autónomos y entidades vinculadas a la administración central. Además, la negociación posterior abrió la puerta a incluir ámbitos específicos que inicialmente habían generado dudas, como Instituciones Penitenciarias o determinados servicios en Ceuta y Melilla sujetos a acuerdos específicos.
Desde hoy la reducción pasa de ser una disposición aprobada sobre el papel a convertirse en una obligación efectiva para los departamentos afectados.
La adaptación no consiste únicamente en reducir 2,5 horas semanales de presencia. Las administraciones han tenido que reorganizar calendarios laborales, ajustar sistemas de control horario y redistribuir turnos y horarios para encajar menos tiempo de trabajo manteniendo la actividad habitual. En departamentos con atención directa al ciudadano o servicios continuados, el reto es especialmente relevante porque la reducción de jornada no implica automáticamente menos horas de apertura.
El propio Gobierno ha señalado que la medida debe aplicarse "garantizando la prestación y la calidad de los servicios públicos". Por ahora, las resoluciones y comunicaciones oficiales conocidas no contemplan cierres de oficinas ni una reducción generalizada de horarios de atención al público. La intención es que el ajuste se absorba mediante reorganización interna y nuevas distribuciones de jornada.
Algunos ministerios ya habían empezado a concretar cómo aterrizará el cambio. En Interior, por ejemplo, los sindicatos recordaron que desde este 18 de mayo la aplicación pasa a ser de obligado cumplimiento tras el periodo de adaptación concedido a las unidades dependientes del ministerio. También en Cultura se trasladó la entrada en vigor de la nueva jornada con instrucciones para adaptar la organización interna de los servicios.
A corto plazo, por tanto, el ciudadano no debería notar cambios directos en trámites, horarios o atención presencial. La incógnita estará en si la reducción de horas exige posteriormente refuerzos de plantilla o nuevos ajustes organizativos en áreas con mayor carga de trabajo o servicios con cobertura continuada.
Algunos ámbitos ya han anunciado calendarios propios. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), por ejemplo, fijó la aplicación de las nuevas 35 horas a partir del 1 de junio.
La resolución aprobada en abril afecta a la administración estatal, pero comunidades autónomas y ayuntamientos cuentan con capacidad para negociar sus propias jornadas dentro de sus respectivos ámbitos.
Además, la situación es desigual. Parte de las administraciones territoriales ya aplicaban jornadas equivalentes o similares a las 35 horas, mientras otras continúan con jornadas superiores.
En el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el Gobierno regional mostró su rechazo a extender la medida a sus funcionarios alegando un coste elevado. La discusión gira principalmente en torno al impacto presupuestario y a las necesidades adicionales de personal para mantener la prestación de servicios.
Es decir, que la implantación de la jornada semanal de 35 horas fuera de la AGE dependerá de acuerdos propios y de negociación colectiva en cada administración
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