La pobreza infantil es uno de los principales problemas a los que se enfrenta España. El Consejo Económico y Social (CES) ha vuelto a poner el foco en una de las debilidades estructurales de la economía española. En su Memoria de 2025, el organismo, que aglutina a patronal y sindicatos entre otras organizaciones civiles, considera que la elevada tasa de menores en riesgo de pobreza o exclusión social es "una lacra" impropia de un país desarrollado y sostiene que hacen falta cambios de mayor calado en el sistema de garantías de renta. Un reclamo que sigue la línea de la propuesta de Yolanda Díaz de implantar una ayuda universal por hijo para todas las familias de 200 euros al mes sin límite de renta.
La propuesta central del CES se centra precisamente en la propuesta de Díaz y pasa por introducir una prestación universal por crianza, dirigida a todas las familias con hijos independientemente de su nivel de ingresos. Según el CES, es la vía más eficaz para reducir la pobreza infantil de forma sostenida y para corregir un sistema que hoy llega de manera parcial y fragmentada a muchos hogares con menores.
Las cifras dan una dimensión del problema. A pesar de ser una de las potencias de la Unión Europea, nuestro país encadena años liderando el ranking de pobreza infantil de la UE.
Hoy en España, 1 de cada 3 niños y niñas viven en situación de pobreza o exclusión. De hecho la presencia de menores en el hogar es un factor vinculado con demasiada frecuencia al riesgo de pobreza y exclusión social en España. Más de la mitad de los hogares monoparentales y el 27,4% de los hogares compuestos por una pareja y uno o más niños sufren esta situación.
Un problema, que "además del grave impacto personal y en la igualdad de oportunidades, menoscaba las capacidades futuras de nuestro país en términos de capital humano y de competitividad", enfatiza el informe del CES. Se estima que la pobreza infantil en España supone un coste anual equivalente a 63.000 millones de euros al año , alrededor del 5,1% del PIB, en pérdidas de productividad y costes asociados a problemas de salud.
Durante la presentación de la Memoria, el presidente del CES, Antón Costas, defendió que la ayuda debería concederse al menos hasta los 3 años de edad del menor, en línea con lo que ya hacen buena parte de los países del entorno. Dentro del propio Consejo no hay un consenso cerrado sobre el tramo de edad. Algunas voces apuestan por extenderla de 0 a 6 años y otras de 0 a 12, aunque sí existe acuerdo en que el mínimo debe ser hasta los 3.
Una edad que queda lejos de la propuesta del Gobierno. El Ejecutivo ha puesto sobre la mesa la medida, planteando desde Asuntos Sociales, una ayuda universal de 200 euros al mes por hijo. El objetivo es que esta subvención mensual llegue a todas las familias con menores a cargo hasta los 18 años.
El órgano plantea además que la prestación pueda articularse de dos maneras. O bien como una ayuda directa o como un impuesto negativo sobre la renta. Desde el CES creen que esta segunda vía podría ser más eficaz desde el punto de vista administrativo, especialmente tras las dificultades que ha mostrado el Ingreso Mínimo Vital para llegar a todos sus potenciales beneficiarios.
La lectura del organismo es que España no puede permitirse seguir arrastrando tasas tan elevadas de pobreza infantil en un contexto de mejora de ingresos y del empleo. A su juicio, el crecimiento económico no está siendo lo bastante inclusivo y las políticas de garantía de renta siguen sin funcionar con la eficacia necesaria para los hogares con menores.
Por ello, además de la prestación universal por crianza, el CES propone otras reformas para reforzar la protección a la infancia. Entre ellas, hacer reembolsable el mínimo por descendientes en el IRPF para que beneficie también a las familias con menos renta, y rediseñar el CAPI, duplicando su cuantía y priorizando a los menores de entre 6 y 17 años.
El Consejo también advierte de que el sistema actual está excesivamente fragmentado, con una pluralidad de instrumentos que no siempre se coordinan bien entre sí. Por eso defiende simplificar y unificar las ayudas en una política universal, más clara y más fácil de gestionar.
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