El gasto en pensiones se ha convertido en uno de los grandes debates económicos y políticos en España. La combinación de envejecimiento demográfico, jubilación progresiva de la generación del baby boom y aumento continuado de las prestaciones coloca la sostenibilidad del sistema en el centro de la discusión pública. Todo ello cuando el Gobierno y distintos organismos mantienen diferencias sobre el impacto futuro del modelo.
Solo las pensiones de jubilación absorbieron en 2024 un total de 125.369 millones de euros, equivalentes al 70,4% de todas las prestaciones pagadas por la Seguridad Social. El gasto conjunto del sistema alcanzó los 178.703 millones, alrededor del 11,2% del PIB español, según elúltimo informe del CEU-CEFAS sobre sostenibilidad de las pensiones.
En paralelo, el Gobierno defiende que el sistema es sostenible y sostiene que el gasto se estabilizará alrededor del 14% del PIB en las próximas décadas. El nuevo modelo de proyección INTegraSS, presentado por el Ministerio de Seguridad Social, sitúa el pico máximo de gasto en el 15,3% del PIB en 2050, por debajo de las previsiones realizadas por la Airef, que eleva ese nivel hasta el 16,1%.
La principal presión sobre el sistema procede del cambio demográfico. España afronta la jubilación masiva de las generaciones nacidas durante el baby boom al mismo tiempo que mantiene desde hace años una de las tasas de natalidad más bajas de Europa.
El informe del CEU-CEFAS recuerda que cuando se implantó oficialmente la jubilación a los 65 años en 1919, la esperanza de vida apenas superaba los 41 años. Hoy alcanza los 84 años y una persona que cumple 65 vive de media más de 21 años adicionales.
Ese cambio ha alterado completamente la relación entre años trabajados y años cobrando una pensión. Hace un siglo, una persona trabajaba durante más de cinco veces el tiempo que pasaba jubilada. Ahora, la proporción se ha reducido drásticamente.
El documento señala además que la edad efectiva de jubilación en España alcanzó los 65,3 años en 2025, todavía por debajo de la edad ordinaria prevista para 2027, cuando quedará fijada en 67 años para quienes no hayan cotizado 38 años y medio.
La Seguridad Social prevé que el número de pensiones pase de los actuales 11 millones hasta 17,7 millones en 2050 y alcance los 19 millones en 2070.
Al mismo tiempo, el peso de la población activa disminuirá progresivamente a medida que se retiren las generaciones más numerosas del mercado laboral.
El Ejecutivo calcula que la tasa de paro caerá hasta el 6,9% en 2050 y confía en que más personas mayores de 65 años continúen trabajando durante más tiempo gracias a los incentivos para retrasar voluntariamente la jubilación.
En este contexto, el retraso de la edad de jubilación empieza a consolidarse como una de las principales herramientas para aliviar la presión financiera sobre el sistema.
"La mejora sostenida en la esperanza de vida y el creciente desequilibrio entre años cotizados y años de percepción de la pensión apuntan a la necesidad de retrasar de manera significativa la edad de jubilación", apunta el informe del CEU-CEFAS.
La lógica económica es doble. Como apuntan los autores, cada año adicional trabajado incrementa los ingresos mediante cotizaciones mientras reduce el tiempo durante el que se cobra la pensión.
El debate ya se está produciendo en otros países europeos. Alemania abrió en 2025 una discusión sobre elevar progresivamente la edad de retiro hasta los 73 años en 2060, mientras Francia aprobó recientemente el retraso de la jubilación hasta los 64 años en medio de una fuerte contestación social.
Ahora bien, el think tank conservador también considera qie el retraso de la edad de jubilación no permitirá, por sí solo, mejorar las cuentas de la Seguridad Social en ausencia de un aumento de la natalidad, "salvo que vaya acompañado de una reducción progresiva en la cuantía de las pensiones" . No obstante, "en el corto y medio plazo, cada incremento de un año en la edad de jubilación generaría un alivio relevante para la sostenibilidad financiera del sistema".
En España, la estrategia del Gobierno, sin emargo, se centra principalmente en aumentar la edad efectiva de salida del mercado laboral mediante incentivos económicos para quienes prolonguen su carrera profesional.
Mientras tanto, las cifras continúan creciendo. El gasto anual en pensiones supera ya los 200.000 millones de euros, si se cuentan las clases pasivas, y la jubilación de la generación más numerosa de la historia reciente española apenas acaba de empezar.
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