El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España ha dado marcha atrás en uno de los cambios más controvertidos de los últimos meses y que tenía que ver con la aplicación inmediata de los mayores recortes a las pensiones máximas por jubilación anticipada. El departamento que dirige Elma Saiz ya ha dictado una resolución para corregir este criterio y volver al sistema progresivo pactado en la reforma de 2021.
La decisión llega después de semanas de presión sindical y de que numerosos afectados denunciaran que la Seguridad Social estaba aplicando, desde el pasado 1 de enero, las penalizaciones previstas para 2033 "de golpe", en lugar de introducirlas de forma gradual.
El núcleo del conflicto reside en los coeficientes reductores que se aplican a quienes se jubilan anticipadamente y perciben la pensión máxima. La reforma de pensiones de 2021 estableció que estos recortes debían incrementarse progresivamente entre 2024 y 2033, corrigiendo así una situación que favorecía relativamente a las rentas más altas.
Sin embargo, a finales del año pasado, la Seguridad Social modificó de forma inesperada el criterio en su simulador oficial, dejando de aplicar esa gradualidad. En la práctica, esto supuso un endurecimiento inmediato de las penalizaciones.
Esto implicaba que para un trabajador con derecho a pensión máxima, menos de 38 años y medio cotizados y dos años de anticipo, el recorte que tocaba en 2026 era del 9,1%, pero la Seguridad Social estaba aplicando ya el 21% fijado para 2033. En algunos perfiles, esto podía suponer hasta 400 euros menos al mes respecto al escenario transitorio original.
La rectificación del problema ya es oficial.
Una resolución firmada el 24 de marzo por el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ordena retomar el sistema progresivo recogido en la reforma de 2021, desarrollada en la Disposición Transitoria 34 de la Ley General de la Seguridad Social.
El cambio se apoya en un informe de los servicios jurídicos del propio organismo, que considera que la aplicación anticipada de los recortes suponía "un perjuicio para los potenciales beneficiarios".
Uno de los elementos más relevantes de la corrección es su alcance. La Seguridad Social ha establecido que la medida tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026. Esto significa que también afectará a las pensiones ya reconocidas en lo que va de año y que se vieron reducidas por el nuevo criterio.
El ajuste se realizará de oficio. Según fuentes del Ministerio al diario, será el Instituto Nacional de la Seguridad Social el que actualice automáticamente las cuantías, sin necesidad de que los pensionistas presenten ninguna solicitud. La previsión es que el cambio se refleje en pocos días, también en el simulador de pensiones.
La rectificación llega tras el pulso mantenido por los sindicatos, que consideraban que el cambio incumplía lo acordado en 2021. Tanto CCOO como UGT llegaron a bloquear otras negociaciones con el Ministerio hasta que se corrigiera esta situación.
Ambas organizaciones han valorado positivamente la decisión y esperan que sirva para desbloquear otros asuntos pendientes, como la aplicación efectiva de la jubilación parcial en el sector público en los términos pactados recientemente.
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