Dos de los colectivos que más preocupan en España son los jóvenes y los desempleados mayores de 52 años. Por este motivo, el Gobierno ha aprobado una nueva inyección económica de más de 2.570 millones de euros destinada a reforzar las políticas activas de empleo en España para ellos, con el objetivo de ayudar a que encuentren nuevas oportunidades laborales en el mercado laboral.
El Consejo de Ministros ha autorizado el reparto de estos fondos entre las comunidades autónomas para financiar programas de formación, orientación laboral, contratación, reciclaje profesional y mejora de la empleabilidad en un contexto marcado por la transformación digital, la automatización y el envejecimiento progresivo de la población activa. La medida forma parte de la nueva Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo y busca reducir las brechas laborales que siguen afectando especialmente a quienes intentan incorporarse por primera vez al mercado de trabajo y a quienes superan cierta edad y encuentran mayores obstáculos para volver a trabajar.
Las llamadas políticas activas de empleo son el conjunto de medidas destinadas a mejorar las posibilidades de encontrar trabajo. Eso incluye formación profesional y reciclaje, ayuda mediante la orientación personalizada, itinerarios de inserción, incentivos a la contratación, ayudas al autoempleo o programas de empleo público.
La Ley de Empleo 3/2023 establece que estas políticas deben prestar atención prioritaria a colectivos especialmente vulnerables o con mayores dificultades de acceso al trabajo, entre ellos jóvenes, mayores de 52 años, mujeres, parados de larga duración y personas residentes en zonas despobladas.
El reparto de esos 2.572 millones de euros se enfocará, sobre todo, en programas formativos. De ese dinero, 1.424 millones de euros se dirigirán a servicios y programas vinculados de empleo. Del resto, 440,5 millones irán a formación no asociada a certificados de profesionalidad, 633,6 millones a iniciativas de alternancia entre formación y empleo. Por último, 73,5 millones estarán destinados a modernizar los servicios públicos de empleo.
El hecho de que sean dos los colectivos en los que se va a hacer más hincapié no quiere decir que todo el dinero vaya a ir destinado a ellos. De los 2.572 millones de euros, solo 527 millones estarán enfocados en estos grupos. El resto se dividirá entre otros colectivos a tener en cuenta que también precisan orientación y apoyo para volver al mercado laboral.
Dentro del refuerzo del Gobierno, uno de los colectivos a los que se enfoca son los jóvenes. España continúa registrando una de las tasas de paro juvenil más elevadas de Europa pese a la mejora general del mercado laboral durante los últimos años. Muchos jóvenes siguen enfrentándose a contratos precarios, prácticas mal remuneradas o dificultades para acceder a un primer empleo estable. Precisamente por eso, parte de los fondos aprobados se destinarán a programas de formación tecnológica, orientación laboral y contratación juvenil.
El objetivo es que la formación y práctica de estos se adapte al nuevo mercado laboral, sobre todo por la inteligencia artificial, la automatización y la digitalización creciente de las empresas.
De hecho, buena parte de las ayudas para este colectivo están vinculadas a la formación. Las comunidades autónomas podrán financiar cursos especializados, certificados profesionales y programas adaptados a sectores con demanda creciente de trabajadores (competencias digitales, IA, ciberseguridad, energías renovables, etc.).
Por otro lado, el segundo gran grupo son los desempleados mayores de 52 años. Es cierto que España ha mejorado sus cifras globales de empleo, pero muchos todavía tienen dificultades para reincorporarse al mercado laboral. Para ellos, se espera que se creen programas que ofrezcan incentivos de contratación, orientación personalizada y programas de actualización de competencias profesionales.
Relacionado con los incentivos, esas ayudas pueden suponer bonificaciones en las cotizaciones, subvenciones salariales, programas mixtos de empleo y formación o incluso ayudas al emprendimiento.
Aunque los fondos proceden del Estado, serán las comunidades autónomas quienes gestionen gran parte de las convocatorias concretas. Cada territorio podrá adaptar las ayudas a sus propias necesidades laborales y sectores estratégicos.
De esta manera, la gestión del dinero hará que unas comunidades autónomas se centren más en un sector o en otro.
También hay que tener en cuenta que la eficacia de estas políticas activas de empleo no es satisfactoria para todos. Muchos consideran que la formación está poco adaptada al mercado y hay una baja inserción laboral. A eso hay que unirle el exceso de burocracia y la falta de coordinación entre las administraciones.
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