La implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales en las administraciones públicas en España será una realidad a partir de la segunda quincena de abril. Con ello, unos 250.000 empleados de la administración central, verán reducido su tiempo de trabajo en dos horas y media. Una jornada que ya aplica gran parte de los funcionarios autonómicos y locales. Pero no todos.
Es por ello que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pasado a la ofensiva, instando a que los Ayuntamientos que aún no han adoptado esta reducción, activen negociaciones y la extiendan a sus plantillas.
El sindicato más representativo de los funcionarios se apoya para ello en el artículo 94 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que fija que la jornada de los funcionarios locales debe ser, en cómputo anual, equivalente a la de la Administración Civil del Estado.
Al sellar los sindicatos con el Ministerio de Función Pública la jornada de 1.533 horas anuales para los empleados estatales, se genera un "efecto jurídico". Según la interpretación de CSIF, la jornada de la administración central funciona ahora como un límite que las entidades locales no pueden sobrepasar, obligando a los ayuntamientos que aún mantienen las 37,5 horas a sentarse a negociar el ajuste.
La reducción de jornada no es una novedad improvisada. Se trata de un compromiso pendiente desde 2022 que finalmente se ha desbloqueado en el marco del Acuerdo para la Mejora del Empleo Público firmado el pasado noviembre.
El pacto, suscrito también por CCOO y UGT, permitirá que los empleados públicos de la Administración General del Estado comiencen a trabajar 35 horas semanales a partir de abril, una vez que el Ministerio de Función Pública publique la resolución correspondiente en un plazo de 15 días. Esta norma establecerá el marco general, pero su desarrollo dependerá de negociaciones específicas en cada ámbito.
El alcance del acuerdo va más allá de la administración central. Incluye organismos públicos, agencias y entidades de derecho público, abriendo la puerta a su extensión en empresas públicas. También contempla ajustes en regímenes especiales: las jornadas de 40 horas pasarán a 37,5, y se adaptarán tanto la jornada intensiva de verano como los horarios específicos de determinados servicios.
Uno de los elementos clave del nuevo escenario es que la implantación no será automática. La propia CSIF insiste en que cada ayuntamiento debe activar sus mesas de negociación para adaptar la medida a su realidad organizativa.
La heterogeneidad de los servicios públicos obliga, además, a una implantación progresiva. Función Pública ha subrayado que cualquier cambio deberá garantizar la continuidad del servicio, la atención a la ciudadanía y la calidad de las prestaciones. Para ello, será necesario ajustar plantillas, reorganizar horarios y planificar recursos.
En este punto, los sindicatos advierten de que la reducción de jornada debe ir acompañada de refuerzos de personal. Asimismo, asociaciones como Fedeca advierten de la dificultad de sostener los mismos niveles de servicio con menos horas de trabajo. A este repsecto, desde UGT se plantea la necesidad de nuevas ofertas de empleo público que permitan sostener el nivel de servicio sin sobrecargar a las plantillas.
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