Las asociaciones de usuarios en España se plantan ante Google, TikTok y Meta por no abordar la lluvia de anuncios fraudulentos de carácter financiero que lejos de ir a menos cada vez ponen más en riesgo el dinero de los usuarios. Dichas agrupaciones instan a la Comisión Europea a investigar las medidas adoptadas por las tecnológicas para mitigar los riesgos sistemáticos relacionados con las estafas financieras y a exigirles que cumplan con la Ley de Servicios Digitales.
Desde Google aclaran que "aplicamos de forma estricta nuestras políticas de publicidad, bloqueando más del 99% de los anuncios infractores antes de que lleguen a mostrarse. Nuestros equipos actualizan constantemente estas defensas para adelantarse a los estafadores y proteger a las personas".
TikTok, Google y Meta afrontan así una denuncia ante la Comisión Europea y las autoridades nacionales competentes por no atender a la Ley de Servicios Digitales de la UE (DSA) por parte de la Organización Europea de Consumidores (BEUC), junto con 29 miembros de 27 países , incluidos los españoles Cecu y Asufin.
En concreto, entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, BEUC y las asociaciones de consumidores de 13 países denunciaron cerca de 900 anuncios sospechosos de infringir la legislación de la UE según detallan en un comunicado desde Asufin.
De ellos, las plataformas solo retiraron el 27% de los anuncios a raíz de estas denuncias, mientras que el 52% de las denuncias fueron rechazadas o ignoradas. Esto significa que cientos de estafas financieras siguen activas, llegando a más de 200 millones de consumidores europeos cada mes y poniendo en riesgo nuevas pérdidas económicas y otros perjuicios.
La investigación llevada a cabo revelaría, entre otras cuestiones, que "determinados anunciantes publican reiteradamente contenidos fraudulentos en las plataformas de Meta, siendo baja la probabilidad de que dichas cuentas sean bloqueadas", indican.
Aseguran que Meta bloqueó solo 146 de las 503 denuncias de las asociaciones de consumidores participantes en la investigación. Más de 300 de los anunciados denunciados, continúan publicados. "Además, Meta recibiría ingresos de los anunciantes denunciados (aproximadamente el 10% de sus ingresos totales)", puntualizan en el comunicado.
En el caso de TikTok, Asufin detalla que "varios anunciantes reinciden en la publicación de estafa". Así, el 40% de los anunciados reportados fueron sencillamente ignorados, como aseguran los denunciantes. "Esta plataforma tampoco refleja interés alguno en esta materia en sus planes de seguridad, según reportó en 2025 en el informe sobre riesgos DSA".
Por último y en referencia a Google, Asufin recuerda que han encontrado en la investigación resultados similares donde, "pese a la reiteración de anuncios ilícitos por ciertos anunciantes, incluso habiendo sido denunciados y Google supuestamente, haberlos retirado, la probabilidad de suspensión sigue siendo reducida".
Al respecto Patricia Suárez, presidenta de Asufin declara que "las grandes corporaciones tecnológicas tienen el deber imperativo de garantizar la seguridad de los usuarios y evitar que el fraude circule con impunidad a través las plataformas, cada vez más presentes en nuestro día a día". Pero "no es esto lo que revela el informe elaborado por BEUC y buena parte de las asociaciones miembro que hemos participado en el mismo. La persistencia de anuncios de operadores fraudulentos que ofrecen esquemas Ponzi, piramidales, y falsas inversiones en estas redes demuestra una dejadez de funciones que no puede seguir siendo ignorada por nuestras autoridades reguladoras", continúa.
Abre el debate de que "a pesar de contar con tecnología de inteligencia artificial capaz de detectar patrones de comportamiento, las plataformas permiten además que anuncios de criptoactivos engañosos se difundan sin apenas filtros de seguridad. Esta permisividad no solo socava la confianza en el mercado digital, sino que convierte a los gigantes tecnológicos en facilitadores indirectos de una infraestructura delictiva que despoja a los ciudadanos de sus ahorros de toda la vida", concluye.
En la misma línea el director general de Cecu, David Sánchez, asegura que "las estafas online no son casos aislados sino un problema sistémico que erosiona la confianza y la seguridad de las personas consumidoras en el entorno digital". Y aquí el Reglamento de Servicios Digitales no es opcional sino que exige a las plataformas identificar y mitigar riesgos sistémicos como las estafas financieras. "Sin embargo, la evidencia recopilada demuestra una brecha entre lo que las plataformas dicen hacer y lo que realmente ocurre en sus servicios. Es urgente que las autoridades actúen con firmeza. Sin una aplicación efectiva de la normativa, las plataformas no tendrán incentivos reales para cambiar sus prácticas", exige.
Agustín Reyna, director general de BEUC, declara que "en virtud de la Ley de Servicios Digitales, Meta, TikTok y Google están obligadas a disponer de mecanismos eficaces para combatir los anuncios fraudulentos y reducir los riesgos para los consumidores. Lamentablemente, nuestra investigación revela discrepancias alarmantes entre lo que estas plataformas afirman hacer y la realidad de lo que está ocurriendo". Y continúa: "De hecho, Meta, TikTok y Google no solo no eliminan de forma proactiva los anuncios fraudulentos, sino que además hacen muy poco cuando se les notifica la existencia de tales estafas".
Reyna tiene claro que "es esencial exigir responsabilidades a Meta, TikTok y Google. Si no abordan las estafas financieras que circulan por sus plataformas, los estafadores seguirán llegando a millones de consumidores europeos a diario, lo que expone a las personas al riesgo de perder entre cientos y miles de euros a causa del fraude".
En el comunicado también destacan que en España se da la circunstancia de que el organismo designado por el Gobierno para vigilar el cumplimiento de la DSA, como coordinador nacional de servicios digitales (DSC), es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), desde enero de 2024. Sin embargo, "tras esta designación formal, no se ha aprobado una ley que habilite con competencias reales de supervisión, investigación y capacidad sancionadora al organismo. Esto es lo que permitiría a la CNMC a tener poderes legales y concretos como acceder a datos y algoritmos, ordenar inspecciones y, lo más importante, imponer multas de hasta el 6% de la facturación global de las grandes plataformas", puntualizan.
"Nuestro país lleva dos años incumpliendo el plazo dado por Europa para habilitar una DSC española (el Reglamento de Servicios Digitales se aprobó en julio de 2022) y el caso ya está en manos del Tribunal de Justicia de la UE (asunto C-841/25). Cecu y Asufin han hecho llegar la denuncia a la CNMC, sobre la que no va a poder actuar en consecuencia, por lo que instan al Gobierno a resolver esta cuestión cuanto antes y cumplir con los plazos para que nuestro país tenga ya una DSC con plenos poderes", concluyen.
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