A lo largo de los últimos años se han dado numerosos de casos en los que los ciudadanos han emprendido medidas legales contra las entidades financieras por las consecuencias derivadas de las tarjetas revolving, cuya falta de transparencia y elevados intereses llegan a generar deudas casi permanentes a los clientes. Ahora, el Gobierno de España ha decidido acabar con el problema, o al menos minimizarlo, estableciendo topes a estas tarjetas, además de poner en marcha otras medidas para regular el crédito al consumo.

Con la nueva normativa, los bancos tendrán prohibida la emisión de tarjetas de crédito no solicitadas por el cliente, además de que tampoco podrán ampliar el límite de las líneas de financiación sin que el propio cliente así lo solicite con anterioridad. “Se prohíbe toda concesión de crédito a los consumidores que no hayan solicitado previamente y sin su consentimiento expreso”, establece ahora una norma con la que se busca proteger a los ciudadanos frente a la posible adquisición de deudas.

Se busca acabar de esta forma con un problema latente en el país desde hace años, ya que durante mucho tiempo las entidades bancarias se han dedicado a ampliar los límites de las tarjetas de crédito e incluso han activado nuevas líneas de crédito sin que el cliente lo solicitase. Además, de forma paralela, ofrecían nuevas tarjetas bancarias como parte de distintas promociones o paquetes comerciales.

Aunque la Ley de Servicios de Pagos ya había obligado a los bancos a que se abstuvieran de hacer llegar instrumentos de pago no solicitados a los clientes (a excepción de las renovaciones), ahora el Gobierno se ha centrado en impedir la ampliación unilateral del crédito disponible. No obstante, en la prohibición no se excluyen las ofertas comerciales frecuentes entre las financieras, como los préstamos preautorizados.

Por lo tanto, las entidades pueden continuar ofreciendo opciones de financiación, pero en ningún caso podrán proceder a su activación sin el consentimiento expreso del cliente.

Cómo se regula la financiación al consumo

El anteproyecto busca regular la financiación al consumo de una manera más amplia, alcanzando de esta forma los préstamos personales, los microcréditos, los pagos fraccionados, los créditos rápidos (y sus variantes), e incluso incluyendo por primera vez los sistemas de “Compra ahora, paga después” (buy now, pay later (BNPL)).

La nueva normativa destaca en gran parte por la fijación de límites al coste del dinero con el firme objetivo de frenar la usura, y teniendo un impacto directo en unas tarjetas revolving que durante años se han convertido en uno de los grandes quebraderos de cabeza de muchos ciudadanos, quienes, sin darse cuenta, han acumulado importantes deudas que se mantienen a pesar de que cada mes paguen su cuota correspondiente.

Más allá de establecer un mayor control sobre el que es uno de los productos financieros más caros del mercado, con la nueva norma se prevé la fijación de límites al coste de los descubiertos, así como nuevas obligaciones en materia de transparencia y la supervisión del Banco de España para todas aquellas empresas que otorguen crédito al consumo, incluyendo dentro de la regulación a las plataformas digitales.

Esto significa que, en el caso de que una empresa quiera financiar compras a sus clientes para potenciar sus ventas, no tendrá otra opción que asociarse con un intermediario financiero debidamente regulado, o no podrá cobrar intereses por “facilitar” la compra de los clientes.