El Consejo de Ministros tiene previsto sacar adelante este mismo martes el proyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, que establece un régimen sancionador con multas que pueden ascender hasta los 35 millones de euros para aquellos que utilicen esta tecnología de forma perversa o inadecuada. 

Este paso al frente llega un año después de que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, lanzara su primer intento para asegurar el uso "ético, inclusivo y beneficioso" de la IA incluyendo facilidades para diferenciar los contenidos reales.

El texto que previsiblemente saldrá adelante este martes ha experimentado algunos cambios con respecto al anteproyecto inicial, con el fin de adaptarlo a las últimas modificaciones del Reglamento Europeo de IA. Un ejemplo claro es incluir la prohibición específica de los 'deepfakes' sexuales, tras la polémica generada por la publicación de desnudos de mujeres y menores creados por el asistente virtual (Grok) de la red social X,  una propuesta que puso en marcha el Gobierno de España en Bruselas.

El proyecto del Gobierno de coalición será remitido a las Cortes para iniciar su tramitación parlamentaria, diferencia varios niveles de infracciones y fija sanciones económicas que oscilan entre los 6.000 euros para los casos más leves y los 35 millones de euros para los casos más graves, como puede ser comercializar un sistema de inteligencia artificial que esté prohibido.

Como el reglamento europeo, el primer texto elaborado por el Gobierno establece las prácticas prohibidas de la IA, como el uso de técnicas subliminales para manipular decisiones sin consentimiento. Además del uso de chatbots que sean capaces de identificar, por ejemplo, a usuarios con adicción al juego para incitarles a entrar en plataformas de juego en línea, o explotar vulnerabilidades relacionadas con la edad, la discapacidad o la situación socioeconómica de las personas.

Desde que se aprobó el anteproyecto, varias asociaciones de internautas, usuarios y expertos en derecho digital han criticado que el texto que prepara el Gobierno excluya a las administraciones públicas del régimen de sanciones que se pueden imponer a quienes hagan un uso inadecuado de la IA y se limite en esos casos a un 'apercibimiento' sin multas.