La arquitectura del empleo público en España se enfrenta a un seísmo jurídico sin precedentes tras la reciente sentencia Obadal del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Así lo considera Javier Arauz, abogado laboralista que representa a los interinos ante el abuso de temporalidad, que enfatiza a Business Insider España cómo el modelo español de interinidad ha colapsado y toca "modificar todo el régimen de la temporalidad en el sector público para evitar abusos en el futuro".
La resolución del tribunal europeo, conocida el miércoles 14 de abril de 2026, no solo cuestiona la normativa vigente, sino que también pone en entredicho la totalidad de herramientas utilizadas hasta ahora por el Gobierno y el Tribunal Supremo para acabar con el abuso de la temporalidad en el empleo público.
Por ello Arauz, no se anda con medias tintas. Al invalidar todas las medidas españolas, la fijeza emerge como "la única sanción viable". Por lo que exhorta a interinos en esta situación a "actuar ahora mismo".
"Después de 25 años de la Directiva 1999/70, que prohíbe abusos en contratación temporal sucesiva, España sigue sin sancionar ni compensar a víctimas", arranca Arauz.
Si bien nuestro país se comprometió a atajar el problema tras sucesivos tirones de oreja de la UE, fijando una tasa de temporalidad del 8% para 2024, hoy, sigue superando el 30%. Atendiendo a la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2025, esto se traduce en 999.738 trabajadores afectados, de los cuales el 75% son mujeres, muchas mayores de 50 años con más de una década de servicio precario.
Para el letrado, la sentencia marca un punto de inflexión definitivo para estos trabajadores. El TJUE ha dictaminado que ni la figura del indefinido no fijo, al que califica como "un temporal más", ni los procesos de estabilización de la Ley 20/2021 cumplen con la directiva europea.
En sus palabras, la sentencia "lo que se persigue es que se estabilice a estos empleadores públicos temporales víctimas de un abuso y se les compense por la violación sistemática de sus derechos, para evitar con ello que estos abusos se sigan produciendo en el sector público nacional".
Lo que "aboca a la transformación de las víctimas de estos abusos en trabajadores públicos fijos como única medida aplicable en nuestro país para cumplir la Directiva 1999/70", asegura.
Ante la magnitud del fallo, Arauz recomienda una acción inmediata para todos los interinos que se encuentren en situación de abuso (aquellos que encadenan contratos temporales para cubrir necesidades permanentes).
"Reclamar la aplicación de su caso de la directiva, solicitar la transformación de la relación temporal abusiva en una relación fija y además pedir indemnizaciones y esto hacerlo cuanto antes", son las direcrtices del abogado.
Aquellos que ya han sido cesados y tengan procesos judiciales abiertos "deben invocar esta sentencia". Incluso quienes agotaron la vía en el Supremo podrían iniciar nuevas demandas, asegura, ya que la "cosa juzgada" está matizada en el derecho de la UE cuando se trata de aplicar su normativa de forma homogénea.
Los restantes "deberían iniciar igualmente nuevas reclamaciones y demandas instando su reingreso", aconseja en declaraciones a Business Insider España.
Por su parte, el Gobierno ha adoptado una postura de resistencia, calificando la resolución de "meramente aclaratoria".
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido que el Ejecutivo ya está cumpliendo con sus compromisos. Al tiempo ha situado el núcleo del problema de la temporalidad en las comunidades autónomas y entidades locales, donde las tasas rondan el 38,8% y 38,6% respectivamente, frente a un reducido 4% en la Administración General del Estado (AGE).
"Seguiremos trabajando para reducir la temporalidad en el sector público sabiendo que para resolver un problema hay que saber dónde está el problema y el problema está básicamente en las administraciones autonómicas", declaró en el marco del foro Ametic AI Summit, en declaraciones recogidas por Europa Press.
A este respecto, enfatizó la reforma de 2021 para estabilizar más de 300.000 plazas. "Hemos estabilizado más de 400.000, también cumplimos con Bruselas, y en los últimos años hemos hecho las mayores ofertas de empleo público de la historia", recalcó.
Este viernes 17 de abril, Función Pública se reúne con los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y CSIF) en la Comisión de Temporalidad y Empleo. Aunque el orden del día oficial se centra en la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026, la presión social aboga por poner la sentencia de Luxemburgo en el centro del debate.
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