Una investigación revela que el control de los molinos medievales del norte de Italia determinó alianzas, territorios y jerarquías sociales durante tres siglos de la historia carolingia y otónida. Los molinos de agua fueron el instrumento político más eficaz de reyes, obispos y campesinos.
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En agosto del año 710, tres hombres se reunieron en Treviso para firmar un acto de donación. Alfred, Avuarde y Garo no tenían la intención de entregar tierras, sino algo más valioso: estaban a punto de ceder sus respectivas partes de uso de los molinos a un monasterio recién fundado. Aquella transacción, conservada en una copia del siglo IX, constituye uno de los testimonios más antiguos de la actividad molinera en el norte de Italia. Y ya entonces los molinos eran mucho más que ingenios para moler grano. Eran instrumentos de poder.
Un estudio reciente, publicado en Early Medieval Europe en 2026 y firmado por Marco Panato (Universidad de Nottingham), ofrece por primera vez una revisión sistemática de los documentos medievales del norte de Italia relativos al uso de molinos entre los siglos VIII y X. La base de datos elaborada por el autor reúne 529 menciones documentadas de molinos en las llanuras del Po y del Véneto-Friuli y se ha convertido en el corpus más amplio de toda Europa y el Mediterráneo cristiano para este período. El volumen de evidencias supera con creces el de otras regiones bien documentadas. Languedoc y Rosellón suman 106 molinos entre los años 780 y 1031, mientras que los polípticos carolingios entre el Loira y el Rin mencionan apenas 241 estructuras en total.
A partir de estos datos, Panato analiza quién controlaba los molinos. El estudio dibuja un paisaje de ambiciones cruzadas, alianzas estratégicas y luchas por la tierra en el que reyes, obispos, monasterios, aristócratas y hasta campesinos ricos participaron activamente. El molino era un símbolo de autoridad, un nudo de redes sociales y un recurso fiscal de primer orden en una sociedad cuya dieta dependía, de forma casi exclusiva, del grano.
El estudio dibuja un paisaje de ambiciones cruzadas, alianzas estratégicas y luchas por la tierra en el que reyes, obispos, monasterios, aristócratas y hasta campesinos ricos participaron activamente.
La Corona tuvo desde el principio un papel protagonista en la gestión de los molinos del norte de Italia. El estudio de Panato revela que el 30% de los molinos documentados pertenecían al fisco real, que se sitúa como la segunda entidad más importante tras las instituciones eclesiásticas. Los soberanos los redistribuían como recompensa política. Otón III protagonizó el 14% de todas las donaciones registradas; Berengario I, el 12%; Hugo y Lotario, juntos, el 11%.
Al ceder un molino a un obispo o a un monasterio leal, el rey aseguraba el suministro de harina en las ciudades sin entrar en competencia directa con la aristocracia local, cuyos intereses podían resultar menos previsibles. Esta estrategia se observa con claridad durante el reinado de Berengario I (888-924), en un contexto de profunda inestabilidad política agravada por el conflicto con los reyes de Borgoña y Provenza. En enero del año 913, Berengario donó a la iglesia de Vercelli la curtis urbana, dos molinos a orillas del Rivo Frigido y el control del mercado local. De este modo, consolidaba su alianza con la iglesia en una zona del reino especialmente problemática.
El caso de Cremona ilustra con nitidez estas tensiones. Carlomagno había otorgado a la iglesia de la ciudad los derechos sobre el tránsito fluvial y los molinos del Po en el momento de la conquista del reino lombardo, en el año 774. Sin embargo, esos derechos fueron usurpados a comienzos del siglo IX por un agente del rey Pipino. Lotario I tuvo que intervenir en 841 para restablecerlos. Durante los siglos IX y X, los obispos de Cremona recurrieron en repetidas ocasiones a la autoridad real para defender sus derechos molineros frente a fiscales y ciudadanos locales, en una pugna que culminó en 1037 con el saqueo de la residencia episcopal.
El estudio revela que el 30% de los molinos documentados pertenecían al fisco real. Se sitúa como la segunda categoría en importancia tras las instituciones eclesiásticas.
Si los reyes eran los grandes donantes, las instituciones eclesiásticas fueron los grandes receptores y administradores. El estudio estima que cerca del 68% de los documentos conservados registran molinos donados o adquiridos por iglesias episcopales, parroquias y monasterios. Este sesgo se explica en parte porque los archivos eclesiásticos sobrevivieron donde los seculares no lo hicieron. Con todo, también prueba que la Iglesia entendió muy pronto que controlar los molinos equivalía a controlar el territorio.
El monasterio de San Colombano de Bobbio y el de Santa Giulia de Brescia figuran entre los mayores propietarios documentados. En noviembre del año 767, el rey Desiderio y la reina Ansa donaron a la nueva abadía real de San Salvatore de Brescia dos molinos extramuros que habían pertenecido a la curtis ducal. La donación incluía el derecho a regular el suministro de agua sin ningún tipo de interferencia pública. Esta concesión convertía a las monjas en gestoras de un recurso estratégico para toda la ciudad.
El estudio estima que cerca del 68% de los documentos conservados registran molinos donados o adquiridos por iglesias episcopales, parroquias y monasterios.
Uno de los hallazgos más llamativos del estudio es que los molinos no fueron patrimonio exclusivo de la élite. El 13,75% de las menciones documentadas corresponde a ventas e intercambios entre particulares, y entre los protagonistas de esas transacciones aparecen campesinos acomodados y comerciantes.
En la región de Piacenza, un campesino llamado Martín construyó un molino junto a un canal derivado del río Trebia. En el año 872, su hijo Agustín y otros parientes obtuvieron plenos derechos sobre la gestión del agua y la instalación mediante un intercambio de tierras. Poseer un molino era, para estos grupos, una forma de aumentar el valor de sus propiedades, consolidar su posición social y resistir la presión de los grandes señores. El ejemplo anticipa en casi un siglo las dinámicas que los historiadores han detectado también en la Iberia cristiana del siglo X.
Las mujeres, por su parte, aparecen en cerca del 22% de los documentos vinculados a la gestión de molinos del norte de Italia. La mayoría actúa junto a sus maridos, pero algunas lo hacen de forma independiente. En junio del año 873, Matrona, una viuda acomodada de Galeata, donó molinos y cursos de agua en Quarto, Imola, Forlì y Forlimpopoli al arzobispo de Rávena. En noviembre del año 975, dos molinos sobre el Brembo figuraron como regalo de bodas para Atta, hija del señor de Binago. Tres años después, ya viuda, Atta los vendió por 100 libras de plata, unos 24.000 denarios, con plena autonomía.
Poseer un molino era, para los campesinos acomodados y comerciantes, una forma de aumentar el valor de sus propiedades, consolidar su posición social y resistir la presión de los grandes señores.
La evidencia arqueológica matiza el cuadro documental. Como apunta Panato, la mayoría de las piedras de molino halladas en el valle del Po corresponden a molinos manuales de entre 25 y 60 centímetros de diámetro. Esta evidencia sugiere que la mayoría de la población seguía moliendo el grano en casa. Los 529 molinos de los documentos no son, por tanto, solo herramientas de subsistencia: son instrumentos de poder sociopolítico, documentados precisamente por quienes los reclamaron, los cedieron o los disputaron.
La proliferación de molinos en el norte de Italia en el siglo IX no fue solo consecuencia de la fragmentación del poder político, sino una adaptación de prácticas antiguas a nuevas necesidades socioeconómicas. Reyes, monasterios, aristócratas y campesinos propietarios dieron forma al paisaje molinero del medievo italiano conforme a sus intereses locales, en un período que fue, ante todo, de continuidad, innovación y adaptación socioecológica.
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