La normativa pone el foco en una realidad que preocupa desde hace tiempo: en España se desperdicia al menos un millón de toneladas de comida al año, una de las cifras más altas de la Unión Europea.

¿Y esto en qué se nota para el consumidor? Pues bien, es probable que cada vez sea más habitual que en bares y restaurantes se pregunte al cliente si quiere llevarse las sobras a casa. También se busca que las cartas sean más flexibles, con la posibilidad de elegir raciones de distintos tamaños.

En el caso de los supermercados, la ley plantea que se incentive la venta de productos con fecha próxima de caducidad. Una medida que, aunque pueda parecer sencilla, busca reducir el desperdicio antes de que los alimentos dejen de ser aptos para el consumo.

Los establecimientos deberán contar con un plan contra el desperdicio alimentario

La Ley 1/2025 se publicó en el Boletín Oficial del Estado en abril de 2025 y concedió un periodo de adaptación de un año. Ese plazo ya terminó el pasado viernes 3 de abril, por lo que las empresas deben aplicar las medidas obligatorias recogidas en la norma.

Todos los agentes de la cadena alimentaria tendrán que disponer de un plan que respete la jerarquía de prioridades para frenar las pérdidas y el desperdicio alimentario. En concreto, se establecen estos ejes:

• Destinar los alimentos no consumidos al consumo humano mediante la donación.
• Aprovechar los alimentos a través de su transformación.
• Derivar los productos a la alimentación animal.
• Entregar los restos a instalaciones de compostaje.

Además, las entidades deberán promover acuerdos para donar alimentos, siempre que no sea inviable, con organismos de iniciativa social, entidades sin ánimo de lucro o bancos de alimentos. Vamos, que tirar comida tendrá cada vez menos excusas.

Las sanciones por incumplir la normativa pueden llegar a 500.000 euros

La ley también recoge sanciones para las empresas que no cumplan. Las multas pueden empezar en 2.000 euros, por ejemplo, si no se aplica la jerarquía de prioridades o si no se informa al cliente de que puede llevarse las sobras.

En los casos más graves, como no contar con un plan de prevención o no donar excedentes mediante convenios, las sanciones pueden alcanzar los 60.000 euros. Incluso podrían llegar hasta los 500.000 euros en situaciones extremadamente graves.

La meta final es ambiciosa: reducir en un 50% los residuos alimentarios per cápita en la venta minorista y el consumo, y rebajar en un 20% las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro para el año 2030.